Familiar de Mateo Pérez dijo que se aprovecharon del dolor de la familia tras el crimen del periodista para “politequerías”

El hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia, cerró una búsqueda marcada por la incertidumbre, la tensión en el territorio y la intervención de distintas organizaciones humanitarias. El periodista, de 25 años, había sido asesinado por disidencias de las Farc, según las autoridades, en un hecho que volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los reporteros en regiones con presencia armada.

La recuperación se logró el 8 de mayo de 2026, tras una misión humanitaria en la que participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la Defensoría del Pueblo. El ingreso a la zona no fue inmediato. Durante varios días, las condiciones de seguridad y la presencia de grupos ilegales impidieron el acceso de las autoridades, lo que obligó a activar canales de coordinación con organizaciones especializadas en este tipo de operaciones.

En medio del proceso, la familia del periodista asumió un rol central. Desde el momento en que se reportó su desaparición, su hermano y un familiar directo —identificado en redes sociales como @malditasgafas— comenzaron a liderar las gestiones de búsqueda y a mantener comunicación con entidades humanitarias y periodistas del país. Esa misma voz fue la que posteriormente decidió hacer pública una denuncia que ha generado controversia.

A través de un hilo en la red social X, el familiar señaló que existía una “obligación moral” de contar lo que, según él, ocurrió durante las gestiones para recuperar el cuerpo. En su relato, cuestionó el manejo institucional del caso y aseguró que la memoria de Pérez Rueda y el dolor de la familia habrían sido objeto de uso político en medio de la atención mediática que generó el asesinato.

El mensaje abrió una nueva capa dentro de un caso que ya estaba atravesado por la complejidad del conflicto armado. En el mismo hilo, el familiar destacó que las primeras gestiones concretas para avanzar en la búsqueda no provinieron de autoridades locales, sino de la senadora Isabel Zuleta (@ISAZULETA), que, según dijo, activó contactos institucionales y realizó llamados al Gobierno nacional para facilitar la localización del cuerpo.

Días antes, la congresista había advertido públicamente que el cuerpo del periodista permanecía en la vereda, mientras “ninguna autoridad del municipio asume la responsabilidad de acompañar su recuperación, alegando condiciones de inseguridad”. Esa declaración se convirtió en uno de los puntos de presión para acelerar la coordinación de la misión humanitaria.

El hilo también reconoció el papel de los periodistas Sergio Mesa (@sermeca) y Camila Carvajal, oriundos de Yarumal, que sirvieron de enlace con organizaciones que finalmente facilitaron el ingreso al territorio. Entre ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la Defensoría del Pueblo, que asumieron la operación de recuperación del cuerpo en terreno.

A ese acompañamiento se sumó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que desde el inicio de la desaparición activó una alerta y mantuvo contacto permanente con la familia durante el proceso. Su intervención permitió articular información y acompañamiento institucional en un caso que rápidamente escaló a nivel nacional.

Sin embargo, la denuncia del familiar también se centró en la actuación del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según su relato, la presencia del mandatario en medio de la situación no tuvo impacto en las labores de búsqueda y recuperación. Afirmó que su visita respondió más a un interés político que a una contribución efectiva en el terreno.

El propio gobernador había informado su desplazamiento a Yarumal a través de su cuenta de X, con el mensaje: “Le he pedido a los papás del joven Mateo Pérez, desaparecido a manos de Farc Calarcá, que me reciban”. Esa visita, según el familiar, no modificó las dinámicas de la operación humanitaria que finalmente permitió la recuperación del cuerpo.

El caso de Pérez Rueda volvió a sumarse a las cifras de violencia contra la prensa en el país. De acuerdo con la Flip, al menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, una estadística que sigue reflejando la vulnerabilidad del ejercicio periodístico en territorios afectados por el conflicto armado.