Exmilitares narraron el inicio de los “falsos positivos” y la competencia interna que había entre soldados para presentar bajas

Durante una audiencia de consolidación de aportes de verdad, más de 70 exintegrantes del Ejército Nacional que participaron de diferentes formas en las ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos” registrados en Norte de Santander, hablaron sobre casos puntuales que se registraron entre 2001 y 2007.

Cabe recordar que los comparecientes citados son mencionados como participantes del subcaso en el que se abordaron 14 hechos registrados en Ocaña, Tibú, Convención, El tarra, Ábrego y Cúcuta.

La audiencia fue presidida por el magistrado Mauricio García, que antes del inicio de la diligencia destacó que con estos procesos se busca resolver la situación jurídica de los comparecientes siempre y cuando ellos cumplan con el régimen establecido que consiste en aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad y contribuir en la reparación de las víctimas.

El primero en hablar fue el jefe del grupo de Análisis de la Información de la JEP, Juan Felipe García, que mencionó que Norte de Santander fue uno de los departamentos en los que comenzó el accionar que años más tarde fue replicado a nivel nacional con menos acciones armadas y más muertes ilegítimas presentadas.

“El caso de Norte de Santander es excepcional porque expresa una modalidad nacional que alcanzó aquí una de sus máximas intensidades”, indicó el funcionario, que habló de patrones de selección de jóvenes que fueron trasladados a otros municipios para simular falsos combates.

Como representante de las víctimas, Beimar Abel Villamizar pidió conocer la verdad absoluta sobre los 14 hechos mencionados, puesto que de esa forma es que se podrá honrar y dignificar la memoria de los que en su momento fueron señalados como guerrilleros.

“Buscamos que los comparecientes nos digan solamente la verdad y nada más que la verdad de lo que pasó con nuestros seres queridos”.

“Lo que ocurrió en Norte de Santander y en Colombia no puede volver a repetirse”, indicó el magistrado antes de escuchar cómo fue asesinado Albeiro Alfonso Montaño Santiago en enero de 2003 en Teorama.

Exmilitares recordaron que la víctima fue retenida por soldados luego de que fue señalado por un civil como presunto informante de las Farc-EP, a pesar de que esta información no había sido verificada por la tropa.

Luego de un interrogatorio de varias horas, los comparecientes afirmaron que el comandante Yerson Molina Álvarez ordenó asesinar a la víctima, simular un combate y presentarlo como una baja en combate.

Precisamente, Molina Álvarez, como compareciente, reconoció lo registrado y aceptó que ordenó ejercer presión física y psicológica contra la víctima. “Yo sí les dije que lo presionaran hasta donde pudiéramos para lograr la información”.

El compareciente también reconoció haber gastado un millón de pesos para comprar el arma y la granada con las que fue presentada la víctima como guerrillero, argumentando que existía una competencia entre las unidades para presentar bajas. “Era como una competencia entre todos, el que más resultados tuviera”.

Este caso fue resaltado debido a que fue tomado como ejemplo de lo que posteriormente se registró a nivel nacional con las demás ejecuciones extrajudiciales, en las que la mayoría de las veces los uniformados aseguraban tener presión de superiores para entregar resultados.

Además de ese caso, en la audiencia presentaron otras víctimas con las que se expuso la frialdad que tuvieron los comparecientes, puesto que en la muerte de José Martín Botello Ovalles, registrada el 30 de diciembre de 2006, se trató de un informante que no suministró los datos que buscaba la unidad.

Los comparecientes reconocieron haber seguido la información de Botello en repetidas ocasiones, pero cuando el local no pudo entregarles nuevos datos, lo contactaron por teléfono, fue emboscado y le dispararon sin que este pudiera defenderse, puesto que la orden era presentar una baja.