El Consejo de Estado desmintió las alertas del Gobierno Petro sobre un supuesto riesgo para el pago de las pensiones en Colombia tras la suspensión temporal del decreto que ordenaba trasladar 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones.
El alto tribunal aseguró que los recursos continúan seguros y que la decisión judicial únicamente frenó el cambio de destino del dinero mientras se estudia la legalidad de la medida.
Según información revelada por Revista Semana, los ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con Colpensiones, habían advertido públicamente que la suspensión del Decreto 415 de 2026 podría afectar la estabilidad del sistema pensional colombiano.
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El Consejo de Estado aseguró que las pensiones de los colombianos continúan garantizadas y que los recursos siguen existiendo y generando rendimientos.
“Eso no corresponde a la realidad”, respondió el alto tribunal en un comunicado oficial publicado luego de las declaraciones hechas por integrantes del Gobierno nacional.
La corporación explicó que el decreto fue suspendido temporalmente porque, a juicio de los magistrados, el Ejecutivo habría excedido sus competencias al modificar el destino de recursos pensionales sin autorización del Congreso.
“El Gobierno se excedió en sus funciones”, señaló el Consejo de Estado.
El tribunal indicó que únicamente el Congreso tiene facultades para decidir sobre el destino de los recursos pensionales.
Según el pronunciamiento, el Decreto 415 de 2026 modificaba el manejo del dinero ahorrado por los afiliados en los fondos privados y trasladaba esos recursos hacia Colpensiones.
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Por esa razón, la corporación consideró necesario suspender provisionalmente la medida mientras se analiza de fondo su legalidad.
La decisión generó una fuerte reacción del Gobierno Petro, que defendió el decreto y aseguró que el traslado de los recursos era necesario para garantizar el funcionamiento del sistema pensional.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la medida cautelar ponía en juego la estabilidad del sistema pensional colombiano.
El funcionario sostuvo además que la decisión judicial podía afectar el derecho de millones de personas a una pensión digna.
Sin embargo, el Consejo de Estado respondió que el dinero no desapareció ni dejó de estar protegido por la suspensión del decreto.
“El dinero existe, está disponible y sigue generando rendimientos”, explicó el alto tribunal.
La corporación aclaró que lo único suspendido fue el traslado de los recursos, no la existencia ni la seguridad de las pensiones.
“Lo único que se suspendió temporalmente es a dónde se destina ese dinero, no su existencia ni su seguridad. Por eso las pensiones no están en riesgo”, agregó el Consejo de Estado.
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El Gobierno Petro también confirmó que presentó un recurso de súplica con el objetivo de que la medida cautelar sea revocada y el decreto vuelva a entrar en vigencia.
La administración nacional sostiene que el traslado de recursos era un elemento fundamental para ejecutar varios componentes de la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo.
La reforma pensional ya contemplaba que algunos afiliados pasarían de fondos privados a Colpensiones.
No obstante, la misma norma establecía que el dinero ahorrado por los trabajadores debía permanecer en los fondos privados hasta que cada persona consolidara el derecho a pensionarse.
El Consejo de Estado insistió en que su decisión no bloquea el pago de pensiones ni afecta directamente los recursos de los afiliados.
La corporación aseguró que el debate jurídico se centra exclusivamente en las competencias del Gobierno para decidir sobre el manejo de esos fondos sin aprobación legislativa.
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El alto tribunal sostuvo que el Gobierno no podía modificar el destino de los recursos sin autorización del Congreso.
“Solo le dijo al Gobierno que había sobrepasado sus límites al decidir, sin permiso del Congreso, qué hacer con esos recursos”, explicó la corporación.
La tensión entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado aumentó luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera denunciar por prevaricato al magistrado que decretó la suspensión provisional del decreto.
Mientras avanza la discusión jurídica, el caso se convirtió en uno de los nuevos focos de confrontación entre el Gobierno nacional y las altas cortes alrededor de la reforma pensional y el manejo de los recursos del sistema.
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