Ministro del Trabajo anunció lo que hará el Gobierno Petro para que los fondos privados de pensiones no administren más los ahorros

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, que reglamenta cómo se deben trasladar los recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. El objetivo de esta medida es financiar las pensiones de quienes cambiaron de régimen y cubrir el déficit derivado del sistema público.

El alto tribunal argumentó que el Decreto 415 imponía plazos demasiado cortos para el traslado de recursos, lo que podía interferir con futuras decisiones judiciales. Concluyó que el Ejecutivo excedía su potestad al ordenar el giro de fondos asignados por la Ley 2381 de 2024 al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc).

Además, manifestó que la suspensión parcial de esta ley por la Corte Constitucional no facultaba al Ejecutivo para cambiar el destino legal de esos recursos, competencia reservada al Congreso. De igual forma, reconocieron que el propio Gobierno había admitido que los fondos debían permanecer bajo administración de las AFP hasta consolidar el derecho pensional o la entrada en funcionamiento formal del Fapc.

Un día después de conocerse la decisión, en una rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno Petro rechaza de manera contundente que estos fondos privados retengan los recursos que pertenecen a los trabajadores.

“Pues yo creo que, a pesar del raponazo de los fondos privados, nosotros no vamos a dejar desprotegidos a los trabajadores”, afirmó. “Pero que no se crean los de los fondos privados que los vamos a dejar usufructuando los recursos de la gente sin que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Vamos a garantizar derechos, pero a proteger también los ahorros de quienes han decidido trasladarse al fondo público, con nosotros”, dijo el funcionario.

Sanguino expresó su inconformidad con el alcance de la intervención judicial. Cree que hay razones extralegales en ese pronunciamiento del Consejo de Estado. “Y esto no tiene nada que ver con el principio de equilibrio de los poderes públicos. Entre otras, porque el Consejo de Estado está violando el principio de equilibrio de poderes públicos, porque se está inmiscuyendo en decisiones que corresponden a la Corte Constitucional”, anotó.

Insistió en que la revisión de este marco legal es asunto exclusivo de la Corte Constitucional. Recordó que la Corte Constitucional está examinando la reforma pensional.

“Recuerden ustedes, también con bastante dilación, hay que decirlo, las demandas que pesan y que llovieron, incluyendo a una candidata presidencial de la derecha política, contra la Ley 2381, una ley que ha sido votada dos veces por el Congreso de la República. Si la Corte Constitucional hubiera resuelto esto hace tiempos, nos estuviéramos evitando estas discusiones”, anotó el ministro.

Reclamos al sistema judicial

Sanguino criticó de forma contundente la actitud del Consejo de Estado y señaló el cambio en el criterio del tribunal. “Es un pronunciamiento absolutamente descarado e igualmente inaceptable. Ellos saben que la plata, los $5 billones, están en los fondos privados y que esos $5 billones garantizan la sostenibilidad de las mesadas pensionales de 25.000 trabajadores. Así lo habían decidido hace 15 días y de un momento a otro cambian de opinión”, adujo.

Destacó la rapidez con que se tomaron las últimas resoluciones judiciales y de manera parcial.

Explicó la particularidad de esa primera decisión: “Y digo parcialmente porque habían dejado en pie el traslado de los que ya se pensionaron, de los 25.000, con lo cual los fondos privados deberían trasladar $5 billones de los $25 billones que nosotros habíamos decidido deberían trasladar.”

Cuestionó la última medida judicial. “Ayer nos encontramos, el día que los fondos privados tenían que trasladar los recursos, con otra decisión cautelar, sin haber resuelto el recurso de súplica que nosotros interpusimos hace unos diez días, y extienden la medida cautelar o la suspensión del decreto a esos otros $5 billones que correspondían a los 25.000 trabajadores que ya están pensionados”.

Medidas del Gobierno y llamado a la ciudadanía

Ante la situación, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dirigió un mensaje directo a la población: “Yo quiero invitar, además, a los colombianos y colombianas que se trasladen de los fondos privados a Colpensiones.”

Y anunció que se preparan acciones legales: “Vamos a emprender todas las acciones jurídicas hasta donde sea posible y donde corresponda, para que los fondos privados no se apoderen los recursos de los trabajadores de Colombia con la complicidad del Consejo de Estado.”

Reiteró su posición ante las AFP: “No se crean los de los fondos privados que los vamos a dejar usufructuando los recursos de la gente sin que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados.”