En el Cauca, el uso de drones explosivos por grupos armados ilegales transformó radicalmente el conflicto armado colombiano - crédito X
En varias zonas rurales del Cauca, los drones dejaron de ser una herramienta tecnológica para convertirse en un arma de guerra. La situación volvió a encender las alarmas luego de que se conociera un video en el que aparece un menor de edad manipulando una aeronave no tripulada acondicionada con explosivos en el municipio de Argelia, una de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.
Las imágenes, reveladas por Noticias RCN, muestran cómo las disidencias de las Farc estarían involucrando a niños y adolescentes en operaciones armadas cada vez más sofisticadas. El caso expone una práctica que preocupa a organizaciones humanitarias y autoridades, el reclutamiento de menores para participar en actividades de guerra mediante el manejo de drones adaptados para ataques explosivos.
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Detrás de esa escena hay una realidad mucho más amplia. En varias regiones del país, especialmente en Cauca y Norte de Santander, el uso de drones con explosivos se ha incrementado de forma acelerada, según el último informe de la Cruz Roja Internacional. La entidad advirtió que esta modalidad ya se convirtió en una amenaza constante tanto para la fuerza pública como para la población civil.
El documento humanitario señaló que los grupos armados ilegales fortalecieron sus capacidades tecnológicas y están utilizando este tipo de aeronaves para ejecutar ataques dirigidos contra estaciones de Policía, bases militares y zonas habitadas. Aunque muchas ofensivas tienen como objetivo a integrantes de la fuerza pública, las comunidades terminan quedando atrapadas en medio de las confrontaciones.
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La utilización de menores en este tipo de acciones representa una de las mayores preocupaciones. De acuerdo con estándares internacionales, involucrar a niños en actividades bélicas constituye un crimen de guerra. El Estatuto de Roma y distintos convenios sobre derechos de la infancia prohíben expresamente cualquier forma de reclutamiento o instrumentalización de menores en conflictos armados.
Sin embargo, en territorios donde la presencia estatal sigue siendo débil, las disidencias continúan expandiendo su control. Bajo el mando de alias Iván Mordisco, estos grupos consolidaron corredores estratégicos en el suroccidente colombiano, principalmente en áreas rurales del Cauca, donde además sostienen economías ilegales relacionadas con narcotráfico.
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La incorporación de drones explosivos a las dinámicas del conflicto refleja un cambio en las tácticas de guerra. Ya no se trata únicamente de enfrentamientos armados tradicionales. Ahora, los grupos ilegales están recurriendo a herramientas tecnológicas que les permiten atacar a distancia, generar mayor impacto y reducir la exposición directa de sus integrantes. En ese escenario, los menores terminan siendo utilizados como operadores de estos dispositivos.
Las cifras entregadas por la Cruz Roja Internacional muestran la dimensión de la crisis humanitaria. Durante el periodo analizado, 965 personas resultaron heridas por artefactos explosivos en distintas regiones del país. El informe advirtió que muchas de las afectaciones ocurrieron en contextos donde no se respetaron los principios básicos del derecho internacional humanitario.
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“Observamos que la afectación a la población civil fue mayor cuando no se respetaron los principios del derecho internacional humanitario”, indicó la organización en su balance reciente. El deterioro de la seguridad no se limita únicamente a los ataques con explosivos. El mismo reporte documentó 308 nuevas desapariciones y el desplazamiento forzado de 235.619 personas, cifras que evidencian cómo el conflicto armado continúa golpeando a miles de familias colombianas.

En municipios como Argelia, la población vive entre retenes ilegales, amenazas y enfrentamientos constantes. Habitantes de estas zonas han denunciado en repetidas ocasiones que los grupos armados reclutan menores aprovechando las dificultades económicas, la falta de oportunidades y el abandono institucional.
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La difusión del video reabrió el debate sobre la protección de la niñez en territorios afectados por la guerra. Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y garantizar la presencia integral del Estado en las regiones donde persisten las estructuras armadas ilegales. Mientras tanto, el uso de drones cargados con explosivos sigue transformando el conflicto en Colombia y dejando nuevas víctimas en comunidades que llevan décadas atrapadas entre la violencia y el miedo.
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