Gremios de la salud presentaron 14 consensos para enfrentar la crisis y piden un plan urgente al próximo gobierno: “Que sea medible y alcanzable”

Más de 30 organizaciones del sector salud presentaron una hoja de ruta con propuestas para enfrentar la crisis del sistema de salud colombiano y abrir una discusión con los candidatos presidenciales sobre el futuro del modelo de atención, financiamiento y aseguramiento en el país. El documento fue construido a partir de consensos entre asociaciones de pacientes, sociedades científicas, clínicas, hospitales, aseguradores, universidades, centros de pensamiento, sindicatos médicos y representantes de la industria farmacéutica.

Los promotores de la iniciativa señalaron que el texto no corresponde a un programa de gobierno ni a una reforma cerrada, sino a un “marco de referencia sectorial” organizado en seis bloques estratégicos y 14 consensos. El propósito, indicaron, es promover un diálogo “responsable, viable y sostenible” alrededor de las decisiones urgentes que requiere el sistema de salud.

Entre las organizaciones participantes figuran Pacientes Colombia, Acemi, Abndi, Afidro, FenalSalud, Ascun, Así Vamos en Salud y diferentes asociaciones médicas y académicas.

Los voceros señalaron que las medidas propuestas están divididas entre acciones urgentes y metas de corto, mediano y largo plazo. “Esperamos que los candidatos estén a la altura para, primero, asistir este 14 de mayo al conversatorio donde queremos entregarles este documento. Segundo, transmitir sus propuestas y tercero, escucharnos”, afirmó Álvaro Puerta, fundador del movimiento Colombia Salud en Acción, presidente de Sies Salud y vocero de las organizaciones.

Gobernanza, financiamiento y sostenibilidad

Uno de los principales componentes del documento se centra en la recuperación de la gobernanza y la institucionalidad del sistema. Allí se propone implementar un plan urgente de estabilización financiera y humanitaria para garantizar el flujo de recursos y evitar interrupciones en tratamientos y servicios críticos.

La propuesta también incluye la creación de una mesa técnica nacional que articule decisiones entre el Gobierno, los territorios y los diferentes actores del sistema de salud. A corto plazo, el texto plantea fortalecer la capacidad técnica del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el Invima y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), además de ampliar la transparencia sobre la información financiera y operativa del sistema.

En materia de sostenibilidad financiera, las organizaciones señalaron que el sistema perdió credibilidad debido a la incertidumbre sobre las deudas acumuladas, los problemas en el flujo de recursos y la falta de claridad sobre las responsabilidades de financiación. Por esa razón, el documento propone consolidar y publicar una cifra técnica independiente sobre los pasivos del sistema, diferenciando entre deuda operativa, deuda estructural y obligaciones derivadas de decisiones judiciales o intervenciones estatales.

El texto también plantea implementar un mecanismo extraordinario para normalizar el flujo de recursos entre aseguradores, hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos, con el fin de garantizar la continuidad de tratamientos y servicios. Otro de los puntos incluidos es la estabilización financiera de Nueva EPS y el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el ajuste técnico de la UPC y los presupuestos máximos.

A mediano plazo, las organizaciones propusieron avanzar hacia modelos de pago orientados a resultados en salud y calidad de atención, dejando atrás esquemas centrados exclusivamente en el volumen de servicios prestados: “La idea es migrar de modelos centrados en el volumen de servicios hacia esquemas de pago orientados a resultados en salud, calidad y generación de valor”, señala el documento presentado por las organizaciones.

Debate sobre EPS y continuidad en la atención

El tercer eje de la hoja de ruta se concentra en el aseguramiento y el modelo de atención. Allí se plantea abrir una discusión sobre el presente y futuro de las EPS, al tiempo que se propone proteger la continuidad de atención para pacientes con enfermedades complejas, de alto costo o huérfanas.

El documento también propone fortalecer la Atención Primaria en Salud, impulsar modelos de telesalud y desarrollar estrategias diferenciadas para territorios urbanos, rurales y dispersos.

Durante la presentación, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, aseguró que uno de los consensos principales es la necesidad de estabilizar la atención de los usuarios afiliados a EPS intervenidas. “Hoy cerca de 19,8 millones de colombianos afiliados a EPS intervenidas están recibiendo una atención deficiente”, afirmó Vesga.

La dirigente sostuvo que el próximo gobierno deberá implementar un plan de choque urgente para garantizar la prestación de servicios a esos usuarios y definir el futuro de entidades con problemas financieros y operativos. “Hay entidades que claramente no tienen viabilidad financiera ni operativa y frente a eso hay que tomar decisiones”, señaló.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, insistió en la necesidad de que los candidatos presidenciales participen en el conversatorio convocado por las organizaciones. “El candidato en ejercicio que no escucha a los ciudadanos, es el presidente que después le va a dar la espalda a la salud (...) La salud no es de derecha o izquierda o centro, es de los ciudadanos”, afirmó Silva.

Otro de los bloques de la propuesta está enfocado en el talento humano en salud, reconociendo los problemas asociados con la precarización laboral, retrasos en pagos y cierre de servicios médicos; exigiendo los pagos oportunos de salarios y contratos por prestación de servicios como requisito para la habilitación institucional.

Además, hay un eje del documento que se concentra en ciencia, tecnología e innovación. Allí se propone consolidar alianzas público-privadas, fortalecer la investigación clínica y convertir al sector salud en un motor de desarrollo económico y tecnológico.