“No tiene lógica que el Estado pague las pensiones”: Gobierno Petro alerta por ahorro de los colombianos que no llegará a Colpensiones

El Consejo de Estado suspendió en su totalidad los efectos del Decreto 415 de 2026 del Gobierno de Gustavo Petro, con el que se busca el traslado de $5 billones desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones para financiar las pensiones de los afiliados que cambiaron de régimen y cubrir el déficit originado por estos traspasos.

Según determinó el alto tribunal, el Gobierno nacional fue más allá de su potestad reglamentaria al modificar el destino de los recursos que la reforma pensional había previsto para las cuentas de ahorro individual. La decisión afecta a los ahorradores que no habían consolidado su derecho pensional, pero también a miles de personas reconocidas por Colpensiones. El fallo deja en pausa los traslados y abre interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sistema y la seguridad jurídica de los beneficiarios. La providencia enumera los motivos legales que sustentan la suspensión.

El órgano judicial argumentó que el Decreto 415 excedió la competencia que otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución. Según lo determinado, la norma obligaba a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a transferir a Colpensiones los recursos de quienes cambiaron de régimen bajo el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, aunque el artículo 24 de esa ley destinaba esos fondos al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc).

De acuerdo con el fallo, la suspensión parcial previa de la Ley 2381 de 2024 por la Corte Constitucional no autorizó al Ejecutivo para redirigir esos recursos por vía reglamentaria, ya que se trata de materias reservadas al legislador. Además, el propio Gobierno había reconocido mediante el Decreto 1225 de 2024 que los recursos de las cuentas individuales debían permanecer bajo administración de las AFP hasta que el afiliado consolidara su derecho pensional o hasta que se active el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

El Consejo de Estado advirtió, como motivo de urgencia, que la inmediatez de los plazos decretados por el Ejecutivo podía dificultar o incluso impedir una revisión judicial eficaz antes de ejecutar los traslados de fondos.

Posición del Ministerio del Trabajo ante la suspensión del Decreto 415

Ante lo sucedido, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó con firmeza su rechazo a la decisión. “No tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores. Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”, sostuvo por medio de X.

De igual manera, el funcionario enfatizó en la gravedad de la medida. “Hoy fuimos notificados de un auto del Consejo de Estado que extiende la suspensión provisional a la totalidad del Decreto 415 de 2026. Hace dos semanas, la decisión suspendía únicamente el traslado de recursos de afiliados que aún no consolidaban su derecho pensional; ahora también afecta a miles de personas ya pensionadas y reconocidas por Colpensiones“.

Sanguino advirtió sobre las consecuencias de la decisión. Recordó que “actualmente, Colpensiones sigue asumiendo el pago de esas mesadas con cargo al sistema público, mientras los recursos continúan sin ser trasladados por los fondos privados. Se desconoce así un principio elemental: quien paga la pensión debe tener también los recursos para financiarla”.

A pesar de expresar respeto a las decisiones judiciales, el ministro manifestó su desconcierto ante la extensión de la suspensión. Hizo hincapié en que el derecho a una pensión digna para los colombianos es un aspecto innegociable para el Gobierno.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo que “dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”.

Críticas desde el Congreso

Por supuesto, desde el Congreso de la República también hubo reacciones. La representante a la Cámara Ana Erazo, de Colombia Humana, criticó el enfoque de la medida. “Otra vez ponen por encima el negocio financiero antes que garantizar pensiones dignas para la gente”, anotó.

Erazo cuestionó la finalidad de los ahorros previsionales: “¿Para qué debe servir el ahorro pensional? ¿Para enriquecer a las AFP o para pensionar colombianos?”.

De igual manera, resaltó un problema de cobertura, ya que mientras millones de personas en Colombia llegan a la vejez sin acceso a una pensión, algunos sectores defienden que los recursos públicos sigan bajo administración privada.

Y agregó que “seguramente los fondos ni siquiera tienen todo el dinero que han recaudado a los colombianos a valor presente, por eso este salvavidas del Consejo de Estado lo que hace hoy es darles un respirador y evitar que el Gobierno de Gustavo Petro siga garantizando pensión digna para la gente”.

Duro golpe al Ejecutivo: la plata se queda en los fondos privados

A su vez, el abogado Santiago Vélez confirmó que la decisión golpea muy duro al Ejecutivo. Dijo que, si el traslado se materializaba, Colpensiones recibía un flujo extraordinario y el Gobierno podía aliviar presiones del presupuesto. Y si se suspendía, como ocurrió, la estrechez fiscal volvía a quedar expuesta.

“Las consecuencias de la decisión del Consejo de Estado son inmediatas: la plata, por ahora, se queda en los fondos privados; el Gobierno pierde una fuente de liquidez; Colpensiones deja de recibir un flujo extraordinario; y se evita que los fondos tengan que vender activos de manera apresurada para cumplir un traslado acelerado”, explicó.

Pero la consecuencia principal, según el experto, es institucional.

Anotó que los ahorros pensionales no son una bolsa disponible para resolver urgencias fiscales. Puntualizó que son recursos destinados a pagar pensiones, con reglas especiales y protección constitucional. “Este caso no trata solo de Colpensiones ni de los fondos privados, sino de evitar una tentación más amplia: cuando la caja aprieta, los gobiernos buscan atajos. Esta vez, el Consejo de Estado puso un límite: el presidente puede reglamentar la ley, lo que no puede hacer es reescribirla”, finalizó Santiago Vélez.