Corte Suprema y Defensoría del Pueblo rechazan aumento de penas para adolescentes: proponen justicia restaurativa

El evento, organizado por la Corte Suprema de Justicia en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, reunió a autoridades como el presidente de la Corte, Iván Mauricio Lenis; la fiscal general, Luz Adriana Camargo; la defensora del Pueblo, Iris Marín; y el procurador general, Gregorio Eljach.

El eje central fue el debate sobre si las penas actuales, que alcanzan hasta ocho años para menores que cometen delitos graves, resultan efectivas frente a casos de alto impacto como el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En su intervención, Lenis sostuvo que “las penas altas, lo que llamamos populismo punitivo, dan cuenta de que no logran evitar que un delincuente cometa una acción criminal”.

El magistrado añadió: “Puede ser más efectivo imponer una pena mayor, pero que efectivamente se cumpla. Y, en el caso de los menores de edad, estamos hablando de que puedan entrar a estos lugares donde cumplen su detención y adelantar un proceso completamente restaurativo”.

Justicia restaurativa, no más castigo

La Defensoría del Pueblo respaldó este enfoque. Iris Marín insistió en que la evidencia demuestra que aumentar las penas no reduce la reincidencia ni la delincuencia adolescente. En palabras de Marín: “La prevención y la justicia restaurativa ayudan a que ese menor de edad obtenga la atención del Estado para construir un proyecto de vida”.

Durante 2026, el Congreso recibió dos proyectos de ley opuestos sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa).

Uno buscaba equiparar ciertas sanciones a las de adultos en casos de homicidio y violencia sexual, siempre que se demostrara plena conciencia del delito por parte del menor. El otro, impulsado por el Ministerio de Justicia, promovía que el encierro fuera la última opción, favoreciendo un modelo restaurativo con atención conductual, psicológica y médica, especialmente ante el consumo problemático de sustancias.

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago, autora de este último proyecto, afirmó: “Más que castigar, lo que se busca es enseñarles a gestionar su responsabilidad y restaurar a la víctima. Se trata de que aprendan a asumir las consecuencias de sus propias acciones”.

Cifras y factores detrás del fenómeno

Con base en cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), cerca de 200 menores ingresan cada año al Srpa por homicidio. Un informe de 2022 del Icbf estimó una tasa de reincidencia del 20%, lo que significa que uno de cada cinco adolescentes que pasan por el sistema vuelve a delinquir. Además, señalaron que el paso por el Srpa suele anticipar el eventual ingreso de estos jóvenes al sistema penal de adultos.

La Defensoría del Pueblo alertó que al ingresar al Srpa, los adolescentes sufren rupturas de vínculos familiares y emocionales, enfrentan estigmatización social y un futuro incierto, factores que facilitan la reincidencia. A esto se suman condiciones como pobreza, violencia intrafamiliar, exclusión y consumo de drogas, que incrementan la vulnerabilidad y la exposición a redes delictivas.

Reclutamiento y responsabilidad de los adultos

Durante el conversatorio, Gregorio Eljach, procurador general, denunció el creciente reclutamiento de menores por parte de grupos armados y bandas criminales.

Reveló que más de 400 jóvenes bajo protección del Icbf terminaron en el sistema penal, lo que lleva a plantear interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de protección. El procurador fue enfático: “Dejen a los niños fuera del conflicto, dejen a los adolescentes fuera de la guerra. Señores reclutadores, señores delincuentes”.

Lenis, presidente de la Corte, remarcó que el crimen organizado se aprovecha de las carencias materiales y fracturas sociales para captar a menores, y que la delincuencia juvenil refleja dinámicas colectivas no resueltas, más allá de factores económicos o institucionales.

En 2025, la Defensoría del Pueblo reportó un aumento de 463 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, concentrados en departamentos como Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila.

El papel del Estado y la sociedad

La Defensoría subrayó que la respuesta estatal no debe limitarse al castigo judicial, sino integrar medidas de prevención, restauración, educación y acompañamiento permanente.

Según Marín, “la justicia juvenil será eficaz cuando entienda que no basta con reaccionar frente al delito consumado, sino que resulta indispensable intervenir las condiciones que lo hicieron posible”.

La Corte Suprema de Justicia y la Defensoría coinciden en que la solución debe enfocarse en la justicia restaurativa y la prevención, más allá del endurecimiento de las penas para ofrecer a los adolescentes una verdadera oportunidad de reconstrucción de su proyecto de vida y reducir la reincidencia.