La Fiscalía imputó a Ricardo Roa por violación de los topes electorales de la campaña de Gustavo Petro: el presidente de Ecopetrol se declaró inocente

La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades relacionadas con los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La decisión fue anunciada el 11 de mayo de 2026 por el ente acusador, que señaló que el actual directivo de la petrolera estatal deberá responder por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. No obstante, durante la audiencia, Roa se declaró inocente.

De acuerdo con la misma Fiscalía, Roa Barragán fue imputado en calidad de exgerente y administrador de los recursos de la campaña “Petro Presidente 2022”. Según la investigación, “habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta”.

Uno de los puntos señalados por los investigadores se relaciona con el reporte de los gastos ante las autoridades electorales. Aunque se entregaron informes en “Cuentas Claras” y al Consejo Nacional Electoral, estos no reflejarían la totalidad de los recursos ejecutados durante la campaña, según el expediente.

Dentro del análisis financiero también se identificaron múltiples conceptos que habrían contribuido al presunto exceso en los gastos. El documento de la Fiscalía General de la Nación menciona “ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato”.

El ente judicial además advirtió posibles inconsistencias en la forma de consolidar la información entre las dos vueltas presidenciales, por lo que se indicó: “Desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta”.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que “la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924.592.727”, cifra que, según explicó, supera el límite de “28.536 millones” fijado por el Consejo Nacional Electoral mediante la resolución 0694 de 2022.

Agregó que esto habría generado “un exceso de 1.388.072.235 pesos” y advirtió que la rendición presentada “no refleja integralmente el gasto real de la primera vuelta”, ya que parte de los recursos ejecutados “no fueron incorporados en su totalidad en el informe presentado ante el Consejo Nacional Electoral, como era su obligación”.

Primera vuelta: el límite ajustado y las cuentas en disputa

El techo permitido para esta etapa era de $28.536 millones, pero los registros presentan dos lecturas distintas:

• Gasto total reportado por la campaña: $28.384.680.001.
• Hallazgos de Fiscalía y CNE: $29.924.592.727.

Desglose de rubros clave:

• Propaganda (TV, radio y redes):
  • Reportado: $19.534 millones (68%).
  • Hallazgo: omisiones en pauta digital no registradas completamente.
• Transporte aéreo:
  • Reportado: $4.155 millones (Sadi S.A.S.)
  • Investigación: $1.249 millones adicionales bajo revisión.
• Actos públicos:
  • Reportado: $1.694 millones.
  • Observación: No se incluyó el evento de cierre en el Movistar Arena ($100 millones aproximadamente).

La Fiscalía señala un posible exceso de $1.388 millones sobre el tope en primera vuelta, junto con gastos no reportados como aportes de la USO por $292 millones, contratos con Neuro Data para análisis de mercadeo político y omisiones en publicidad digital y logística de eventos masivos.

Segunda vuelta: ajustes finos y nuevas diferencias

El límite autorizado para esta fase era de $13.347 millones, una cifra que también aparece rebasada en los análisis oficiales.

• Gasto total reportado por la campaña: $13.199.709.794.
• Hallazgos de Fiscalía y CNE: $13.623.875.922.

Principales rubros observados:

• Propaganda electoral:
  • $9.243 millones (70% del total).
  • Incluye pagos a plataformas digitales como Google, gestionados a través de Colombia Humana.
• Transporte aéreo:
  • Aproximadamente $800 millones reportados.
  • Diferencias en facturación con la empresa Sadi S.A.S.
• Logística y testigos electorales:
  • Menos del 2% registrado oficialmente.
  • Se investiga posible subregistro de pagos masivos a testigos en mesas de votación.

La investigación señala un exceso estimado de $276 millones, además de posibles aportes no reportados de la USO por cerca de $740 millones que no figuran en los registros oficiales, junto con la revisión de contratos logísticos y pagos indirectos realizados a través de terceros.