Admitieron demanda colectiva contra bancos por cobros indebidos del 4x1000: piden multimillonaria indemnización

El Juzgado Séptimo Civil de Bogotá admitió una acción de grupo presentada contra varias entidades bancarias por la presunta retención indebida del impuesto 4x1000 a millones de usuarios.

La demanda sostiene que los bancos incumplieron la Ley 2277 de 2022, normativa que dispuso la exención automática de este gravamen para quienes no superan $17,4 millones en movimientos mensuales.

De acuerdo con los demandantes, las instituciones financieras no implementaron los ajustes tecnológicos y administrativos requeridos para garantizar la exención antes del plazo fijado, que expiró el 13 de diciembre de 2024. Por este motivo, los usuarios continuaron recibiendo descuentos por el 4x1000 en sus operaciones, pese a estar legalmente protegidos por el beneficio contemplado en la legislación.

Los afectados aseguran que la omisión ha generado pérdidas económicas considerables, estimando que cada usuario podría haber perdido hasta $800.000 anuales por estos cobros improcedentes.

El sistema financiero colombiano habría recaudado cerca de $9,2 billones por concepto del 4x1000 entre finales de 2024 y 2025, cifra que refuerza la magnitud del impacto sobre los usuarios.

La acción colectiva solicita al juzgado que se reconozca la negligencia por parte de las entidades demandadas, así como el pago de indemnizaciones a quienes resultaron perjudicados. “Los bancos debían automatizar la exención del 4x1000 y no lo hicieron”, argumentan los representantes de los afectados.

La Ley 2277 establece que la exención debe aplicarse a personas con movimientos inferiores a 350 UTV mensuales, equivalentes a $17,4 millones en 2025, sin la necesidad de realizar trámites adicionales o marcar cuentas específicas.

Retraso en la exención del 4×1.000 afecta a millones de usuarios en Colombia

Desde diciembre de 2024, la legislación colombiana estableció la exoneración del impuesto 4×1.000 para quienes realicen movimientos mensuales de hasta 18 millones de pesos. Sin embargo, este beneficio aún no ha sido implementado por las entidades financieras, afectando a millones de usuarios que continúan pagando el gravamen.

El 4×1.000, oficialmente denominado Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), es un tributo nacional vigente en Colombia que recae sobre determinadas operaciones bancarias. Tal como explican la Superintendencia Financiera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), consiste en el cobro de cuatro pesos por cada mil movilizados en transacciones gravadas, lo que equivale a una tasa del 0,4%.

El impuesto no depende del saldo de la cuenta, sino que se genera en el momento de la operación, ya sea un retiro, una transferencia, la expedición de un cheque de gerencia o cualquier disposición de fondos desde cuentas corrientes o de ahorro.

No todas las transacciones están sujetas al gravamen. La normativa vigente contempla varias exenciones. Entre los casos exceptuados se encuentran ciertas cuentas de ahorro, productos financieros de bajo monto que cumplan requisitos definidos por la Dian y la Superintendencia Financiera, así como transferencias entre cuentas de un mismo titular en la misma entidad. Además, existe la posibilidad de beneficiarse de la exención si no se superan las 350 UVT mensuales, equivalentes a casi 18 millones de pesos para el año 2026.

Para acceder a la exoneración del 4×1.000, cada persona debe marcar una única cuenta de ahorros como exenta ante su banco. Este trámite es obligatorio, incluso si el cliente tiene varias cuentas bancarias.

El proceso puede completarse a través de plataformas digitales o acudiendo directamente a una oficina bancaria. Si ya existe una cuenta exenta en otra institución, se requiere primero realizar la desmarcación en esa entidad antes de activar la exención en la nueva cuenta seleccionada.

La normativa estipula que solo una cuenta puede estar exenta por usuario en todo el sistema financiero colombiano. Para quienes deseen cambiar la cuenta marcada, es indispensable solicitar primero la desmarcación en el banco actual, un procedimiento que, si involucra a otra entidad, puede tardar algunos días hábiles.

Aunque la ley prevé la exención, el retraso en la implementación de este beneficio continúa generando inquietudes entre los usuarios, mientras las entidades financieras y las autoridades revisan los mecanismos para cumplir con la disposición legal.