Gobierno Petro reveló las medidas que tomó tras la polémica parranda vallenata en cárcel de Itagüí: ahora la cárcel tiene 36 cámaras

El Gobierno nacional informó la ejecución de un operativo de traslado y el fortalecimiento de controles de seguridad en la cárcel de Itagüí, Antioquia, tras los hechos registrados el pasado 8 de abril, cuando se divulgó la realización de una parranda vallenata en el penal.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la respuesta incluyó acciones disciplinarias y operativas para restablecer el orden en el sistema penitenciario.

Según comunicó el Ministerio de Justicia, encabezado por Jorge Iván Cuervo, la instrucción presidencial originó una serie de medidas de vigilancia y control dentro del penal.

El traslado de Paulo Andrés Torres Flórez al centro penitenciario de Girón, en Santander, marcó el inicio de una serie de decisiones en desarrollo. El Gobierno confirmó que esta acción se relaciona con la presunta participación de Torres Flórez en los hechos investigados.

Medidas anuncias por el Gobierno

La Cárcel y Penitenciaría La Paz de Itagüí cuenta ahora con 36 cámaras de última tecnología integradas al sistema nacional del Inpec, organismo que mantiene labores de control e incautación de elementos prohibidos.

Según la cartera, estas cámaras, dotadas de inteligencia artificial e infrarrojo, permiten un monitoreo en tiempo real y refuerzan la seguridad electrónica y la vigilancia permanente al interior de la prisión.

El Ministerio de Justicia comunicó que, desde la detección de la parranda, se suspendieron los diálogos con la mesa sociojurídica. Esta medida se mantiene vigente mientras avanzan las investigaciones a cargo de las autoridades competentes.

Entre las acciones más inmediatas se incluyó el inicio de investigaciones disciplinarias internas por parte del Inpec, el traslado del director encargado de la cárcel y la adopción de medidas administrativas dirigidas a fortalecer el control institucional.

En el comunicado, el Ministerio de Justicia destacó que la Procuraduría General de la Nación asumió competencia prevalente en las investigaciones y que 13 funcionarios, entre personal de dirección y de custodia, están vinculados a los procesos disciplinarios, penales y administrativos. La Procuraduría mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer responsabilidades.

El Inpec implementó operativos de control que permitieron la incautación de celulares, licores, memorias USB y otros objetos prohibidos en el penal de Itagüí. También se endurecieron los controles y se estableció un esquema reforzado de vigilancia y supervisión sobre el proceso de paz urbana en la cárcel.

La directiva ordena la centralización del control institucional y exige trazabilidad de todas las actividades, con monitoreo de reuniones, regulación de visitas y control estricto de ingresos, así como revisión de alimentos y reportes semanales a la Dirección de Custodia y Vigilancia.

El ministro Jorge Iván Cuervo explicó que el Gobierno nacional rechazó desde el primer momento los hechos ocurridos el 8 de abril e instruyó a las autoridades correspondientes para adoptar medidas inmediatas.

“Por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se trasladó desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz, con sede en Itagüí, al establecimiento carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en los hechos del pasado 8 de abril”, indicó el funcionario.

El Ministerio de Justicia especificó que, a medida que avanzaron las investigaciones y se recopilaron nuevos elementos, se adoptaron decisiones disciplinarias, operativas y administrativas.

La institución subrayó que la directriz vigente centraliza el control institucional, ordena la supervisión permanente de actividades y establece lineamientos para que ningún espacio de diálogo se realice por fuera de las condiciones de seguridad, disciplina y legalidad penitenciaria.

Entre los resultados de las acciones implementadas, el la cartera informó sobre el traslado efectivo del interno señalado y señaló que las actuaciones disciplinarias, administrativas y penales continúan abiertas. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la vigilancia reforzada incluye la integración de tecnología avanzada y la coordinación entre distintas autoridades.

El Ministerio de Justicia reiteró que ninguna conducta que comprometa la seguridad, disciplina o legalidad al interior del sistema penitenciario será tolerada. Además, la entidad anunció que acompañará todas las acciones necesarias para asegurar transparencia, control y cumplimiento de la ley en las cárceles del país.