La Alcaldía de Bogotá negó tener ‘malas intenciones’ con la comunidad de Bosa tras alerta de Gustavo Bolívar: “No más engaños”

Un cruce público entre el exsenador Gustavo Bolívar y el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, elevó las tensiones en el sector político por el desalojo de 431 familias en el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, al sur de la capital.

La discusión surgió tras una denuncia del exdirector de Prosperidad Social sobre la situación de varias familias que, según extenso mensaje publicado en la red social X, enfrentan un proceso de retiro de sus viviendas por decisiones de la Alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán.

Gustavo Bolívar atribuyó el caso a intereses privados relacionados con la operación del sistema de transporte TransMilenio y cuestionó el impacto social de la medida.

Gustavo Bolívar denuncia afectación a 431 familias en el barrio El Remanso

En redes sociales, Gustavo Bolívar señaló que el proceso afectó a hogares con niños y personas mayores; en su publicación afirmó que las autoridades priorizaron criterios económicos sobre el derecho a la vivienda.

“Lo más doloroso es la frialdad con la que todo ocurre. Funcionarios que dicen ‘cumplir una sentencia judicial’… empresas que hablan de legalidad… y autoridades que reducen la vida humana a un trámite administrativo (sic)”, escribió Bolívar en su post.

En otra parte agregó: “No puede llamarse progreso a dejar niños durmiendo en la calle”.

El exprecandidato presidencial también cuestionó el enfoque institucional frente al caso, por lo que en su pronunciamiento afirmó que la situación reflejaba una forma de deshumanización que convierte a las personas en obstáculos dentro de decisiones administrativas y judiciales.

Además, relacionó su crítica con la postura del alcalde Galán frente a otros hechos internacionales, lo que amplió el alcance del mensaje político.

Respuesta desde la Alcaldía de Bogotá a Gustavo Bolívar

Frente a este mensaje, la respuesta llegó desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá y es que Gustavo Quintero Ardila rechazó las afirmaciones de Gustavo Bolívar y afirmó que el exsenador difundió información fraudulenta sobre el proceso.

En su publicación, por medio de la misma plataforma digital, Quntero escribió: “¿Qué sentido tiene para usted decir mentiras? Así no se hace la buena política. No más engaños”.

Quintero sostuvo que el procedimiento tiene origen en una decisión judicial anterior a la actual administración distrital. También indicó que la Alcaldía de Bogotá actuó con acompañamiento de entidades de control para proteger a las familias involucradas, en especial a niños y adultos mayores.

El secretario de Gobierno de la Admnistración Distrital escribió: “La realidad es que hay un proceso judicial que inició mucho antes de esta administración (ver fotos). De hecho, lo que hemos hecho desde la Alcaldía de @CarlosFGalan es solicitar el acompañamiento del Ministerio Público, pensando en los derechos de las niñas y niños, adultos mayores y todas las personas que viven ahí”.

“De nuevo, no se dejen engañar. Mentir con fines electorales no está bien”, añadió a su mensaje.

Como respaldo a su postura, Gustavo Quintero publicó documentos del Juzgado 50 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En esas decisiones, la autoridad judicial mantuvo en firme la orden de restitución en el sector de Bosa y negó solicitudes de modificación presentadas por partes del proceso.

El fallo judicial dejó en firme la decisión sobre el proceso en Bosa y cerró la puerta a cambios solicitados por las partes involucradas. En uno de sus apartes, el despacho fue claro al “negar la solicitud” presentada por la defensa de la empresa Sociedad Transportadora de los Andes (Sotrandes), que buscaba aclarar o modificar la orden emitida en abril de 2026.

La autoridad judicial sostuvo que la providencia no contenía fallas, vacíos ni contradicciones que justificaran ajustes. En otro punto del documento, el juzgado también rechazó una petición elevada por el Inspector Distrital de Convivencia y Paz 7A – Bosa.

Allí se insistió en que la orden no admite reinterpretaciones desde instancias administrativas locales, pues mantiene un carácter de ejecución inmediata; en otras palabras, la decisión judicial se mantiene tal como fue emitida y debe cumplirse sin modificaciones operativas.