Víctor Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, fue capturado el 7 de mayo de 2026 en la plaza principal del municipio tras ser señalado por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de concusión y prevaricato por acción.
La detención se relaciona con presuntas exigencias de “un nombramiento y dinero” a la representante legal de una empresa de inversiones, así como con irregularidades en la adjudicación de contratos municipales.
La evidencia principal en contra de Gamboa corresponde a audios actualmente bajo cotejo judicial. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por El Tiempo, un accionista de una sociedad de inversión presentó pruebas que demostrarían que el funcionario municipal habría exigido hasta el 20% del costo de una licencia de obra a cambio de autorizaciones administrativas.
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Esta proporción aparece como un dato central en la nueva acusación, que se suma a señalamientos anteriores del órgano investigador sobre otros procedimientos contractuales durante 2024.
La Fiscalía ya tenía avanzada una investigación contra el alcalde de Villa de Leyva por contratos adjudicados en febrero de 2024
Tres meses antes de la captura, la Fiscalía General de la Nación había imputado cargos a Víctor Gamboa por hechos de presunta contratación irregular. Los delitos mencionados incluían contratación sin el cumplimiento de requisitos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y beneficiaron directamente a Javier Alexander Múnevar González, hermano de Ángela Johana Múnevar González, entonces secretaria de Desarrollo Social del municipio de Villa de Leyva.
La imputación se derivó de un contrato firmado el 6 de febrero de 2024 entre la alcaldía y Múnevar, por un valor total de $13.398.000. El objeto contractual era la prestación de servicios de apoyo a la Secretaría de Infraestructura en materia de maquinaria amarilla y gestión del parque automotor municipal durante la vigencia 2024, con una duración de seis meses.
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El acuerdo establecía pagos parciales de $2.233.000 mensuales, mientras que las obligaciones contractuales incluían la gestión de maquinaria amarilla y agrícola, transporte escolar y otros automotores de la flota municipal.
Los documentos detallan que la orden de gasto fue firmada por Gamboa, que justificó la contratación por la multiplicidad de actividades a ejecutar y la necesidad de un coordinador técnico. El mínimo académico requerido era bachillerato técnico, además de al menos cinco años de experiencia en el sector público o privado. El contratista notificó experiencia en empresas como Constructores Roquín S.A.S., entre 2015 y 2017, y JYA Ingeniería y Arquitectura S.A.S. de 2017 a 2021, completando un total de 69 meses de experiencia verificada.
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En su análisis, el ente acusador advirtió que la administración no habría cumplido con los principios de selección objetiva ni de planeación. Indicó que los estudios previos de la contratación solo habrían sido conocidos por la administración dos días antes de la adjudicación y que estos fueron elaborados a partir de la propuesta presentada por el propio Múnevar.
Más de 800 contratos adjudicados tras la posesión de Víctor Gamboa
Los datos recopilados por El Tiempo determinaron que desde la posesión de Víctor Gamboa como alcalde, el 1 de enero de 2024, hasta el 5 de mayo del mismo año, el municipio de Villa de Leyva adjudicó 829 contratos. De estos, 616 corresponden a la modalidad de contratación directa y 29 a contratación directa con ofertas habilitadas. Además, 629 se entregaron bajo la figura de prestación de servicios, un dato que amplía el contexto sobre los procedimientos habituales de contratación en la administración local.
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Las acusaciones más recientes de la Fiscalía incluyen la supuesta solicitud de nombramiento y dinero a cambio de favores administrativos, práctica prohibida por la legislación penal colombiana. Este tipo de exigencia, tipificada como concusión, constituye uno de los cargos que motivaron la detención de Gamboa.
La defensa del funcionario, según información del medio citado, rechazó los cargos anteriores y negó responsabilidad en los hechos investigados. La causa penal sigue en curso, mientras las pruebas recolectadas —incluidos audios y testimonios— permanecen en análisis por parte de las autoridades judiciales.
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