Por medio de una resolución la Registraduría Nacional del Estado Civil dio luz verde a una iniciativa que va en dirección contraria a los planes del presidente Gustavo Petro y sus propuestas de realizar una Asamblea Constituyente en el país.
Se inscribió formalmente el comité promotor del “Referendo por la Estabilidad Constitucional 2026-2034” y reconoció a Mauricio Pava Lugo como su vocero. Con ese acto administrativo, arrancó oficialmente la recolección de firmas para frenar una eventual Asamblea Nacional Constituyente.
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El mecanismo liderado por el candidato presidencial Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, es un referendo constitucional aprobatorio de origen ciudadano, de orden nacional.
En términos sencillos: un grupo de colombianos quiere preguntarle directamente al país, mediante votos, si está de acuerdo con mantener la Constitución del 91 tal como está, sin que un gobierno pueda cambiarla de raíz por fuera del Congreso y las cortes.
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La Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría entregó al vocero los formularios oficiales de recolección de apoyos, junto con un paquete de documentos que incluye las reglas del juego.
La resolución asegura que se fijan las sumas máximas que se podrán destinar en las campañas de recolección de apoyos ciudadanos. Además pone un techo al dinero que se puede gastar en la campaña de firmas, un punto relevante en un proceso que ya genera debate sobre su financiamiento.
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Las reglas para recoger las firmas son estrictas. La Registraduría exige que los formularios se impriman en hoja tamaño oficio, con el anverso y el reverso en la misma hoja, de modo que en un solo papel queden el espacio para la firma del ciudadano, los temas del referendo y la exposición de motivos.
Además, “los formularios no deben sufrir ninguna modificación en su forma y contenido, deben ser fiel copia del original entregado por la Registraduría”, precisa el documento oficial. Cualquier error formal en el formulario tiene un plazo de dos días para ser corregido.
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Una vez que el comité promotor tenga los formularios listos, comienza un período de seis meses de recolección de apoyos, con posibilidad de prórroga. Al vencerse ese plazo, las firmas recolectadas deben entregarse al grupo de verificación adscrito a la Dirección de Censo Electoral. Ese equipo es el que determina cuáles firmas son válidas y cuáles no.
El comité promotor liderado por Fajardo también tiene una obligación contable desde el primer día: debe presentar ante la Registraduría el libro de estados contables dentro de los cinco días siguientes al recibo de la notificación, para que la entidad le ponga carátula y sello. Esto significa que el manejo del dinero de la campaña queda bajo vigilancia institucional desde el inicio.
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Todo esto ocurre en medio de la presión que ejerce el gobierno Petro para reunir entre 2 y 5 millones de firmas a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, con miras a entregarlas el 20 de julio de 2026, fecha de posesión del nuevo Congreso.
La iniciativa del “Referendo por la Estabilidad Constitucional” apunta precisamente al mismo escenario político: usar la figura de la participación ciudadana, pero para el objetivo opuesto.
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Para que cualquiera de los dos procesos avance, el camino legal es el mismo: recoger las firmas, verificarlas en la Registraduría, llevar la iniciativa al Congreso para que apruebe una ley, y luego someterla al control de la Corte Constitucional.
La certificación del censo electoral nacional, también incluida en los documentos entregados por la Registraduría a Sergio Fajardo y a Pava Lugo, es la referencia para calcular cuántas firmas se necesitan para que la iniciativa sea válida.
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