
El presidente de la República, Gustavo Petro, responsabilizó a la Alcaldía Mayor de Bogotá por la exclusión de la ciudad en el esquema de financiación del Regiotram del Norte o Tren de Zipaquirá, y confirmó que el Gobierno nacional amplió su participación económica para evitar la pérdida de recursos destinados al megaproyecto ferroviario.
En efecto, dijo que esta decisión busca garantizar el avance de una obra clave para la conectividad entre la capital colombiana y los municipios de la Sabana Norte.
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La ejecución de lo que se proyecta como un sistema de tren ligero de cercanías, con 17 estaciones, según las recientes declaraciones de Petro, se vio condicionada por la falta de un acuerdo formal entre Bogotá y el Ejecutivo nacional antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
En palabras del mandatario: “Esperamos hasta el último minuto del último día para que Bogotá hiciera el convenio y no aparecieron”.

La normativa electoral impedía firmar convenios con entidades territoriales tras esa fecha, por lo que el Gobierno nacional y las autoridades regionales debieron asumir por completo la participación económica del Distrito para salvaguardar la vigencia futura del proyecto que conectará a Bogotá con los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía.
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Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, defendió la posición de su administración. “Yo creo que Bogotá necesita el Regiotram. Hay que hacer el Regiotram y hay que hacerlo bien hecho”, dijo Galán en diálogo con Caracol Radio.
Sobre los recursos, Galán fue enfático en que Bogotá tiene listos $2,3 billones para aportar a la realización de la obra “Tenemos una carta donde ratificamos dos punto tres billones de pesos para el proyecto. La hemos ratificado este semestre. La ratificamos ayer”, dijo.
Petro considera que el proyecto del Regiotram Norte afecta el monopolio del transporte público
A juicio de Gustavo Petro, las trabas impuestas al paso del Regiotram Norte por la capital del país no están basadas en aspectos técnicos ni riesgos del proyecto, sino en intereses privados.
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“Ya salen a criticar la entrada de otro tranvía en Bogotá.Con críticas falsas. Un tranvía no necesita encerrarse es convivial con el tráfico mixto y el peatón y frena en semáforo. Puede rodar sobre prados y permite arborización. No contamina (sic)”, escribió el jefe de Estado en X.
En su análisis, señaló que la negativa gira en torno al miedo de perder el poderío y control del transporte público en Bogotá, puesto que en caso tal de que el proyecto se hubiera ejecutado tal y como lo planteó el Gobierno nacional, el costo seria menor al de Transmilenio S.A.
“Problema: rompe el monopolio del bus en el transporte masivo y no les gusta. Hay un problema de negocios particulares en la base. El tranvía genera una tarifa técnica al pasajero muy inferior al bus (sic)”, expuso Petro.
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La puerta a una futura participación de Bogotá sigue abierta

Pese a la exclusión actual del esquema de financiación, la ciudad podría sumarse al proyecto del Regiotram Norte después de la vigencia de la Ley de Garantías.
Tal como manifestó Gustavo Petro: “Después de la ley de garantías veremos si el gobierno de Bogotá se compromete con algo”. Esta afirmación deja abierta una eventual negociación para redefinir la participación del Distrito una vez superada la restricción electoral.
El debate sobre el ambicioso proyecto de transporte férreo 100% eléctrico se convirtió en un nuevo escenario de confrontación entre la Nación y el Distrito. La pugna gira tanto en torno al modelo de movilidad como a los criterios de desarrollo urbano y la distribución de cargas fiscales. Para la administración nacional, asumir el rol de garante de financiamiento refuerza su intención de continuar las obras, a pesar de las diferencias institucionales y políticas con la administración local.
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