Colombiano condenado por terrorismo en Praga por incendiar tres autobuses no ha pagado la millonaria multa: lo señalaron de ser un enlace ruso

Un ciudadano colombiano, de 26 años, condenado en 2024 a ocho años de prisión y deportación por terrorismo tras incendiar tres autobuses de la Empresa de Transportes de Praga, continúa sin pagar la multa de 115.000 coronas checas (aproximadamente 4.700 euros, más de 20.500.000 pesos colombianos) impuesta por la justicia de ese país.

El caso no solo generó un proceso de embargo en su contra; también ha suscitado sospechas de una posible conexión rusa y redes internacionales de reclutamiento para cometer actos de sabotaje en Europa Central y Oriental.

En junio de 2024, el joven colombiano ingresó en un garaje de la empresa de transporte público en el distrito de Klíčov, Praga 9, donde roció tres autobuses con líquido inflamable y les prendió fuego.

El ataque, que fue grabado por el propio implicado con su teléfono móvil, pudo haber causado daños mucho mayores de no ser por la rápida intervención de los empleados, que lograron extinguir las llamas pronto.

Luego de ser capturado, el acusado confesó su participación y explicó que había sido contactado a través de la red social Telegram por un desconocido que le ofreció 65.000 coronas (unos 2.600 euros, más de 11′000.000 de pesos colombianos) a cambio de incendiar los vehículos.

El hombre aceptó el acuerdo de la fiscalía: prisión, deportación y el pago de una multa de 115.000 coronas por los daños ocasionados.

El incumplimiento del pago y proceso de embargo al ciudadano colombiano en República Checa

A pesar de haberse comprometido a pagar la indemnización, la Empresa de Transportes de Praga aún no ha recibido el dinero prometido.

“El condenado no ha pagado nada voluntariamente hasta el momento. La Empresa de Transportes de Praga está tramitando una ejecución bancaria o embargo contra él por dicha cantidad, 115.000 coronas, porque lamentablemente hasta ahora no hemos recuperado nada del dinero”, declaró Aneta Řehková, portavoz de la compañía.

El fiscal Martin Bílý explicó que, aunque el colombiano será deportado a Colombia tras cumplir su condena, existe la posibilidad de que la empresa reciba su indemnización. “Si trabaja durante su condena, parte de su salario se descontará para pagar la multa”, explicó el fiscal a Radiožurnál.

Reclutamiento internacional y sospechas de injerencia rusa: la acusación al colombiano

El caso adquirió un matiz internacional y geopolítico especial por las circunstancias de su reclutamiento.

Según la justicia checa y la contrainteligencia polaca, este colombiano habría actuado bajo instrucciones de una persona vinculada a los servicios secretos rusos, que utilizó la plataforma Telegram para reclutar latinoamericanos con formación militar para cometer atentados en Europa Central y Oriental.

El joven también fue acusado en Polonia por incendiar dos almacenes de materiales de construcción, hechos que las autoridades relacionan con el mismo modus operandi.

Aunque el entonces primer ministro checo Petr Fiala mencionó en 2024 la sospecha de una posible conexión rusa, esta no ha podido ser plenamente confirmada.

“Tenemos la sospecha de que el ataque fue organizado y financiado muy probablemente desde Rusia. Forma parte de la guerra híbrida que Rusia está librando contra nosotros, de la que nos tenemos que defender y que tenemos que parar”, dijo en ese entonces el primer ministro de República Checa.

Mientras que la Agencia de Seguridad Interna sobre actividades de sabotaje contra la República de Polonia, destacó el 29 de julio de 2025 en su comunicado: “El sospechoso se declaró parcialmente culpable y prestó declaración, la cual se encuentra actualmente en revisión. Por los actos cometidos en Polonia, enfrenta una pena de entre 10 años y cadena perpetua”.

El reporte continúa así: “La investigación sobre este hombre, sospechoso de actuar en nombre de un servicio de inteligencia extranjero contra la República de Polonia y de cometer delitos de terrorismo, es decir, actos prohibidos por el artículo 130, párrafo 7, del Código Penal, está a cargo de la Sección de la Agencia de Seguridad Interna en Radom, bajo la supervisión de la Sección de Lublin del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional”.

Sin embargo, la contrainteligencia polaca sostiene en uno de sus informes que “estas acciones fueron ordenadas, supervisadas y financiadas por una persona vinculada a los servicios secretos rusos utilizando la plataforma Telegram”.

El propio condenado declaró ante las autoridades que no conocía la verdadera identidad de quien lo contrató, ni los motivos detrás de los ataques.