El 7 de mayo de 2026, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para rectificar varias acusaciones realizadas en 2017 contra el periodista Daniel Coronell.
En su cuenta de X, el líder político del Centro Democrático descartó cualquier relación de Coronell con grupos dedicados al narcotráfico y mucho menos con sus líderes. A la par, afirmó que el columnista colombiano no debe presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), puesto que no hay material probatorio que lo relacione con actividades ilegales.
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“Señor Fiscal y Señor Juez: A través de la siguiente publicación me permito rectificar la afirmación del tweet del 6 de abril de 2017, en el sentido de que Daniel Coronell Castañeda no es narcotraficante y, por ende, no debe someterse a la JEP”, expuso.
Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Álvaro Uribe rectificar señalamientos contra Daniel Coronell
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el 5 de marzo de 2018 la protección de los derechos al buen nombre y a la honra del periodista Daniel Coronell, exigiendo al senador Álvaro Uribe Vélez rectificarse públicamente en un plazo máximo de 48 horas tras haberlo vinculado sin pruebas con actividades de narcotráfico.
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La decisión judicial busca poner freno a la propagación de señalamientos infundados que pueden poner en riesgo la seguridad de los comunicadores en Colombia y establece que figuras con alta visibilidad pública deben responder con responsabilidad ante críticas en el espacio digital.
La máxima autoridad judicial fue enfática al destacar el impacto de las declaraciones del expresidente Uribe Vélez, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Según la resolución, las manifestaciones de un senador “no se quedan en un ámbito privado”, sino que “trascienden, se propagan rápidamente y repercuten en el ánimo y memoria de la colectividad”.
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Este punto resalta la magnitud de la influencia digital de representantes políticos y subraya la obligación de moderar el uso de plataformas como X, especialmente cuando de esas intervenciones puede derivar un riesgo directo para terceros.
Durante el proceso, la defensa de Uribe Vélez planteó que las declaraciones habían sido emitidas a título personal. Sin embargo, los magistrados rechazaron este argumento y precisaron que la distinción entre lo privado y lo público se desvanece cuando una autoridad elegida emite opiniones a través de canales masivos.
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La sala destacó: “El senador URIBE, si estimaba violada su integridad moral, bien hubiese podido ejercer el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”, delineando un camino legal apropiado para contrarrestar publicaciones consideradas agraviantes.
No se trata de la única vez en que el político colombiano se ha visto envuelto en polémicas por señalamientos a periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Uribe Vélez ha acusado y puesto bajo sospecha a comunicadores como Gonzalo Guillén, Hollman Morris, Yohir Akerman, Daniel Samper Ospina, Julián Martínez y al colectivo Noticias Uno. En varias oportunidades, la justicia le ha ordenado retractarse de publicaciones que atentan contra la imagen de reporteros y medios.
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La FLIP exigió en esta ocasión el estricto cumplimiento del fallo, reiterando el deber de las figuras públicas de evitar declaraciones que incrementen el riesgo para integrantes de la prensa. Además, enfatizó que las respuestas a cuestionamientos periodísticos deben darse acorde con los estándares internacionales de libertad de expresión y contribuir a un entorno democrático y seguro para la labor del periodismo en Colombia.
“Las afirmaciones del expresidente no solo pretenden afectar la credibilidad de la ciudadanía en el periodista, sino que buscan generar una sanción social y un aleccionamiento sobre el ejercicio del periodismo de investigación”, concluyó la organización dedicada a proteger a los periodistas.
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