Ante alerta de la Contraloría, el Gobierno Petro aclaró si Colombia se quedará o no con producción nacional de alimentos

Más de 864.000 hectáreas declaradas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en 48 municipios de Colombia han sido reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como una herramienta clave para fortalecer la soberanía alimentaria.

Así respondió la entidad luego de conocerse el objeto de control preventivo de la Contraloría General de la República, que alertó a la entidad y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) sobre diversos riesgos relacionados con la creación y aplicación de estas áreas y de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa). De acuerdo con la cartera que lidera Martha Carvajalino, estas cuentan con respaldo legal y técnico ante el creciente deterioro de los suelos rurales y los retos actuales del sector agropecuario.

Con exactitud, el órgano de control fiscal resaltó riesgos jurídicos, fiscales, presupuestales, ambientales, operativos y de gobernanza detectados en la formulación y ejecución de las Appa y Zppa. Según la entidad, estos factores ponen en peligro la consistencia técnica, financiera e institucional del proceso en Colombia, en especial, en los municipios rurales de menores recursos.

Como respuesta, el ministerio recordó que las Appa son una figura legal creada por el Estado colombiano para designar ciertos suelos rurales como prioritarios e incorporar su protección al ordenamiento territorial. Amparadas bajo la Ley 388 de 1997 y otras normas actuales, estas áreas no alteran los derechos de propiedad ni los usos permitidos del suelo, pero constituyen un instrumento público para resguardar la producción de alimentos y contener la degradación ambiental.

Alcance y naturaleza legal de las Appa

El Ministerio de Agricultura precisó que la declaratoria de las Appa tiene base jurídica sólida, fundamentada en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Dicha normativa otorga a la cartera la potestad de definir y proteger los suelos rurales con vocación productiva.

Apuntó que las actualizaciones normativas, como el Decreto 0381 de 2026, complementaron los procesos técnicos y jurídicos necesarios para implementar las Appa en el territorio nacional. Así lo establece el Acuerdo 010 de 2026 del Consejo Superior de Administración del Ordenamiento del Suelo Rural, orientado a integrar este mecanismo con la función social, ecológica y alimentaria del suelo.

“La protección de los suelos rurales agropecuarios es un patrimonio fundamental para la soberanía alimentaria y una garantía para la producción agropecuaria, que el Estado debe proteger”, afirmó el Ministerio de Agricultura por medio de un comunicado. Recordó que estas acciones responden a obligaciones constitucionales y legales para preservar el potencial agrícola nacional.

Además, puntualizó que la definición de las APPA busca organizar el uso del territorio sobre bases científicas y sociales, con lo que se prioriza el derecho a la alimentación. El Ministerio de Agricultura recalcó que estas áreas protegidas no implican cambios en los derechos de propiedad, ocupación o en los usos permitidos del suelo, y que el funcionamiento respeta las condiciones establecidas para todas las determinantes de ordenamiento territorial.

Financiamiento, competencias y ejecución de las políticas Appa

Según el comunicado, la declaratoria de las Appa no implica por sí misma la gestión ni ejecución directa de recursos públicos por parte del Ministerio de Agricultura ni de la Upra. El Ministerio dejó claro que actúa solo como entidad rectora. Además, que la inversión y el gasto público asociados a las políticas desarrolladas en las Appa corresponden a las entidades del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, así como a las administraciones territoriales, en función de sus competencias legales y presupuestos.

Dicha disposición fue aclarada ante la Contraloría General, lo que resalta la transparencia y el rigor técnico en la asignación de recursos públicos.

El Ministerio de Agricultura enfatizó que las Appa cumplen el papel de instrumento de planeación. “La determinante no exige formalmente un plan de acción posterior a la declaratoria”, anotó. Remarcó que la figura de las Appa permite articular lineamientos estatales para orientar el uso adecuado del suelo agrícola y encaminar el desarrollo rural, sin demandar obligaciones ejecutivas adicionales al Ministerio.

Protección, riesgos y prevención de desastres

El contexto actual presenta cifras alarmantes sobre la degradación de suelos. El comunicado ministerial señaló que cada año se pierden cerca de 200 millones de toneladas de suelo fértil en Colombia. Además, más de 20 millones de hectáreas exhiben distintos grados de deterioro, poniendo en peligro la producción nacional de alimentos.

Frente a cuestionamientos de la Contraloría sobre posibles omisiones en la gestión de riesgos y amenazas ambientales, el Ministerio de Agricultura precisó: “Las Appa no desconocen las condiciones de riesgo. Por el contrario, orientan el uso del suelo rural para preservar su capacidad agroproductiva, fortalecer los sistemas agroalimentarios que contribuyen a la adaptación al cambio climático y a superar las causas estructurales de la crisis”.

Asimismo, la entidad recalcó que la protección que otorgan las Appa se integra con las políticas de prevención de desastres, respetando los derechos individuales sobre la tierra. Agregó que no se modifican los usos permitidos, ni las formas de ocupación o tenencia de la tierra; el instrumento opera bajo los parámetros legales de las determinantes del ordenamiento territorial.

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