Producción de alimentos en Colombia está en problemas debido a fallas presentadas por varios programas del Gobierno Petro

La implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en Colombia generó una advertencia de la Contraloría General de la República. La entidad alertó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) sobre diversos riesgos relacionados con la creación y aplicación de estas áreas y de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa).

La advertencia, emitida el 5 de mayo de 2026, resalta riesgos jurídicos, fiscales, presupuestales, ambientales, operativos y de gobernanza detectados en la formulación y ejecución de las Appa y Zppa. Según la entidad, estos factores ponen en peligro la consistencia técnica, financiera e institucional del proceso en Colombia, en especial, en los municipios rurales de menores recursos.

Los riesgos que advierte la Contraloría en la aplicación de las App

La Contraloría identificó que la falta de coordinación interinstitucional, insuficiencia de información técnica, jurídica y geoespacial, y deficiencias en la planeación son puntos críticos a resolver. Manifestó que la implementación de estas figuras no puede limitarse a la expedición formal de actos administrativos, ni a la definición general de zonas o áreas de protección.

“Por el contrario, exige una planeación integral, verificable y financieramente soportada, que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, los planes de inversión pública, los presupuestos sectoriales y territoriales, y los mecanismos de seguimiento sobre los resultados esperados”, expresó la Contraloría.

Recalcó el órgano fiscalizador que los riesgos institucionales detectados pueden comprometer la orientación técnica y financiera de las políticas públicas. Además, destacó que la falta de una programación clara sobre el uso del suelo y actividades productivas puede afectar la seguridad jurídica y la viabilidad fiscal, con impacto sobre la protección ambiental.

Falencias jurídicas e institucionales en la implementación

En el ámbito jurídico e institucional, la Contraloría remarcó la necesidad de fortalecer los procedimientos, parámetros y mecanismos de coordinación entre las entidades nacionales y los entes territoriales.

“La insuficiencia de información documental, técnica, jurídica y geoespacial puede generar incertidumbre sobre la aplicación del debido proceso administrativo, la adecuada delimitación de las áreas, la armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial y la efectividad de las decisiones adoptadas”, indicó la entidad.

Dichas debilidades afectan tanto la elaboración técnica como la gobernanza de las políticas dirigidas al sector agropecuario. La Contraloría insistió en la urgencia de revisar estos procedimientos para garantizar legalidad y transparencia.

Consecuencias para comunidades rurales y sectores productivos

Al respecto, el delegado de la Contraloría para el Sector Agropecuario, Anwar Salim Daccarett, destacó las consecuencias prácticas sobre las zonas rurales.

“Evidenciamos una desarticulación importante con la realidad del territorio. Estas decisiones no están considerando adecuadamente los planes de ordenamiento territorial, especialmente en los municipios de categoría cinco y seis. En algunos casos, primero se declara el área y luego se va al territorio a revisar. Eso genera incertidumbre porque las reglas cambian sobre la marcha y afectan a los productores, propietarios, alcaldías y comunidades en general”, afirmó el funcionario.

La incertidumbre normativa impacta las inversiones y decisiones de los productores y propietarios rurales, además de poner en riesgo la estabilidad fiscal de las autoridades locales. “Si se limita sin una planeación clara, no solo se debilita la economía local, sino también los ingresos de alcaldías, afectando servicios básicos como salud, educación, vivienda, comercio y transporte y otros sectores que sostienen la economía regional”, añadió Daccarett.

Y es que el efecto de estas restricciones se extiende más allá del sector agrícola, ya que alcanza la minería y el desarrollo de infraestructura, lo que complejiza el entorno económico y social en las regiones involucradas.

Riesgos para la infraestructura y el entorno ambiental

El informe de la Contraloría General de la República también señaló la ausencia de articulación con el Ministerio de Transporte, situación que puede limitar la ejecución de proyectos viales y otras obras públicas en los territorios sujetos a regulaciones de App y Zppa. Además, la entidad advirtió que las restricciones al uso del suelo y la insuficiencia en la gestión del riesgo de desastres generan obstáculos para planificar y ejecutar intervenciones estructurales y servicios públicos esenciales.

La Contraloría subrayó que no incorporar criterios ambientales y de prevención –como la adaptación al cambio climático y la protección de ecosistemas– podría originar decisiones no compatibles con la realidad territorial ni con la sustentabilidad futura.

Ante este escenario, la Contraloría solicitó a las autoridades competentes adoptar acciones inmediatas y técnicamente fundamentadas, con el objetivo de corregir las debilidades encontradas y salvaguardar intereses públicos, sectores económicos y comunidades rurales implicadas.