Fiscalía General de la Nación fijó nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra alias Calarcá

La Fiscalía General de la Nación fijó una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc.

La diligencia, que involucra acusaciones por graves delitos cometidos en el conflicto armado, se realizará el martes 12 de mayo de 2026, en horas de la mañana, de modo virtual y ante un juez de control de garantías en Villavicencio.

De acuerdo con el ente acusador, la medida busca garantizar la comparecencia del procesado, que no se encuentra bajo detención. La fecha original, prevista para el 5 de mayo, fue modificada después de ajustes en la agenda judicial, según confirmó la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

El proceso judicial se desarrolla ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Villavicencio, Meta.

Alexander Díaz Mendoza enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, especialmente relacionados con el uso de minas antipersona.

Además, se le imputan delitos como desaparición forzada y desplazamiento forzado, en el desarrollo de la investigación por hechos violentos atribuidos a su estructura desde el 16 de enero de 2024 hasta la fecha.

Pruebas, contexto y hechos atribuidos

El ente investigador reunió pruebas técnicas y testimoniales que vinculan a alias Calarcá con ataques contra la fuerza pública, homicidios de civiles y diversas acciones violentas en varias regiones del país.

Entre los hechos destacados figuran el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule en Toribío, cometido el 16 de marzo de 2024, tan solo dos meses después de haber recibido beneficios dentro del proceso de Paz Total, y la masacre de 26 personas en Guaviare, ocurrida en enero de 2026, donde siete de las víctimas eran menores de edad.

Según la investigación realizada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación (UEI), “Calarcá” habría continuado con actividades delictivas, incluso después de la suspensión de sus órdenes de captura, derivada del estatus de negociador de paz otorgado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía documentó atentados sistemáticos entre 2024 y 2025 contra comerciantes en municipios del Meta, como Granada, Acacías, Villavicencio, Mesetas y Guamal, así como el ataque con explosivos a una patrulla del Ejército Nacional en Valdivia, Antioquia, el 4 de julio de 2024, que dejó un saldo de seis soldados muertos.

También se le atribuye la articulación de comisiones armadas para consolidar el control territorial en Meta, Caquetá y Guaviare, donde ordenó extorsiones, desplazamientos forzados y graves delitos ambientales.

Reacciones y críticas a la política de paz

El proceso judicial contra alias Calarcá ocurre en un contexto de alta tensión para la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno nacional. Organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) calificaron la imputación como una “corrección tardía, pero necesaria”, ante la falta de una dirección estratégica clara en las negociaciones con las disidencias.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advirtió: “Flexibilizar las condiciones de negociación sin método, sin líneas rojas, sin establecer límites verificables ni consecuencias creíbles termina generando incentivos perversos. No para la desmovilización o el sometimiento de los grupos ilegales, sino para su expansión y fortalecimiento. Y eso es exactamente lo que ha pasado”.

Datos de la fuerza pública indican que la estructura dirigida por “Calarcá” pasó de aproximadamente 1.400 integrantes en 2022 a cerca de 2.900 en 2025, lo que representa un crecimiento considerable de su capacidad armada durante el proceso de negociación.

Esta expansión se produjo pese a la suspensión de las órdenes de captura, una situación que la Fiscalía comunicó formalmente al alto comisionado para la paz y al presidente Gustavo Petro, solicitando la reactivación inmediata de dichas órdenes.

Medidas para la comparecencia y próximos pasos judiciales

Alias Calarcá se encuentra actualmente en la selva, aparentemente en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Por esto, la Fiscalía solicitó la colaboración del alto comisionado para la paz, con el fin de gestionar la comparecencia del cabecilla en la audiencia, replicando el procedimiento adoptado con otros líderes armados que han sido judicializados de forma remota.

La fiscal general Luz Adriana Camargo puntualizó que la Fiscalía se mantiene a la espera de que el presidente Gustavo Petro revoque el estatus de negociador de paz a Alexander Díaz Mendoza y reactive las órdenes de captura, argumentando que existen pruebas contundentes de persistencia en la ejecución de actividades delictivas.