Por contratos con Alfredo Saade, Procuraduría formuló pliego de cargos contra exfuncionarios de la Ungrd: el hoy embajador en Brasil habría usado datos falsos

La Procuraduría General de la Nación ha decidido iniciar un juicio disciplinario contra dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), después de recolectar pruebas que demostrarían presuntas presuntas irregularidades en un contrato por cerca de 257 millones de pesos que en 2023 se adjudicó al pastor y actual embajador en Brasil, Alfredo Saade.

Según información conocida por el diario El Tiempo, la investigación apunta a que Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la Ungrd, y Ana María Castaño, exsecretaria general, habrían omitido las debidas precauciones al autorizar la contratación de Saade, quien fue contratado como apoyo jurídico de la entidad. La Procuraduría sostiene que ambos deben responder por supuestas faltas graves en el proceso de selección y supervisión del contrato.

De acuerdo con la denuncia presentada públicamente por el abogado y hoy congresista electo Daniel Briceño en 2024, existen dudas sobre la autenticidad de los informes entregados por Saade para justificar sus pagos.

Briceño afirmó en su momento que los documentos presentados contenían datos de otro funcionario y cuestionó la utilidad real del trabajo. “Cada documento adjuntado por el señor Saade evidencia que los colombianos en realidad le estábamos pagando por escribir sandeces en redes sociales y no por hacer su trabajo”, señaló el abogado.

La apertura del proceso disciplinario busca esclarecer la responsabilidad de los exfuncionarios en la aprobación y el seguimiento del contrato. Por ahora, no hay información oficial que vincule directamente al propio Saade en la investigación de la Procuraduría, aunque su actuación como contratista sigue bajo observación pública.

La indagación disciplinaria comenzó el 22 de febrero de 2024, luego de las denuncias sobre el contrato suscrito el año anterior. Según el pliego de cargos firmado por la procuradora delegada Ángela Patricia Arroyo y conocido por El Tiempo, la exsecretaria Castaño habría certificado sin fundamento suficiente que Saade cumplía con los requisitos de experiencia, presentando como prueba una declaración juramentada por labores en la Fundación Levantemos los Muros Caídos.

La Procuraduría sostiene que este tipo de documento solo es válido como acreditación de experiencia cuando la labor es ejercida de manera independiente, no como empleado de una fundación.

En el caso de Meza, la acusación se centra en la posible falta de verificación de los productos entregados por Saade. Según la Procuraduría, de 28 documentos revisados, solo uno evidenciaba la intervención directa de Saade. Además, se identificó que varios informes presentados en diferentes meses serían idénticos, una situación que incrementó las sospechas sobre el cumplimiento real del contrato.

La conclusión de la entidad apunta a que la conducta de Castaño habría vulnerado el artículo 38 del Código General Disciplinario, y la de Meza el artículo 54 del mismo cuerpo normativo, así como los principios de responsabilidad y eficacia exigidos a los servidores públicos.

Para qué contrató la Ungrd a Alfreedo Saade

El contrato de Alfredo Saade, quien fue un aliado religioso del presidente Gustavo Petro en la campaña de 2022, se inscribió en un contexto de marcada cercanía con el Gobierno.

Saade había ocupado previamente cargos de confianza, como jefe de despacho de la Casa de Nariño, hasta que una polémica por presuntas injerencias indebidas en trámites oficiales motivó su salida tras una advertencia de suspensión provisional.

Luego de ese episodio, Saade fue designado embajador en Brasil. Sin embargo, en 2023 tuvo un breve paso por la Ungrd, donde debía fortalecer la gestión legal y la implementación de programas sociales, como el de ollas comunitarias en La Guajira.

El propio Olmedo López, exdirector de la Ungrd y hoy confeso de corrupción, defendió en su momento la idoneidad social del pastor para ese tipo de tareas, al considerarlo adecuado para el trabajo comunitario.

El contrato, que contemplaba pagos mensuales de aproximadamente 20 millones de pesos por 12 meses, fue liquidado anticipadamente a solicitud de Saade en octubre de 2023, quien argumentó motivos personales.

Ahora la Procuraduría busca determinar si hubo fallas en la verificación de la experiencia y en la supervisión de los resultados del contratista, responsabilidades que recaen sobre los dos exfuncionarios mencionados.

El proceso disciplinario abierto el 28 de julio de 2025 se centrará en esclarecer si la contratación de Saade se ajustó a los principios legales y administrativos o si hubo una omisión grave en los controles internos.

Por el momento, Alfredo Saade no aparece formalmente como investigado en este proceso, aunque su actuación contractual sigue siendo objeto de escrutinio. Los exfuncionarios deberán presentar sus descargos en la siguiente etapa, donde enfrentarán cargos por posibles faltas gravísimas, según la Procuraduría.