La Policía Metropolitana de Bogotá declaró máxima alerta por ola de homicidios a habitantes de calle entre 2025 y 2026

Explosivos, marginación y estrechos vínculos con el microtráfico han profundizado la crisis en barrios vulnerables, mientras el Estado busca alternativas para frenar la escalada violenta

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Hombre indigente, desprolijo, sentado en una acera mojada bajo la lluvia torrencial de una calle oscura en Bogotá, con una figura encapuchada en el fondo.
El incremento de muertes violentas entre personas en condición de calle en la capital es atribuido por autoridades a disputas relacionadas con microtráfico y armas en zonas vulnerables, donde el esclarecimiento judicial permanece limitado - crédito Visuales IA

La Policía Metropolitana de Bogotá y el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3, declararon la máxima alerta tras el aumento de los homicidios de habitantes de calle en la ciudad.

Entre enero de 2025 y lo que va de 2026 se han registrado 81 homicidios de personas en situación de calle, según datos de la Policía.

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Las autoridades atribuyen estos asesinatos, que incluyen el uso de explosivos, a disputas vinculadas al microtráfico y al uso de armas, especialmente en localidades como Los Mártires, Santa Fe y Kennedy. Los niveles de esclarecimiento judicial permanecen bajos, mientras que especialistas —citados por El Tiempo e identificados por su función en seguridad y criminología— advierten sobre la instrumentalización de los habitantes de calle por parte de redes delictivas, incrementando la violencia y la inseguridad urbana.

El incidente más reciente ocurrió el 25 de abril de 2026, cuando una granada IM-M26 fue lanzada en la carrera 20 con calle 13, en Los Mártires, durante un conflicto entre habitantes de calle vinculado al microtráfico.

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El hecho, confirmado por el coronel Mora Rodríguez, se produjo a las 2:50 a. m. y no tuvo como objetivo a comerciantes o establecimientos. La Policía Metropolitana de Bogotá acordonó la zona y desplegó procedimientos para descartar la presencia de otros explosivos, al tiempo que identificaba a los posibles responsables.

Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional
Las cifras oficiales confirman que entre 2025 y 2026 el número de homicidios en esta población aumentó, mientras se mantiene una concentración de casos en barrios como Los Mártires, Santa Fe y Kennedy - crédito Policía Nacional

Otro caso reciente fue reportado el 11 de noviembre de 2025 en el barrio Tintal, en Kennedy: dos habitantes de calle murieron al manipular una granada bajo un puente. El laboratorio criminalístico de la Policía, según declaraciones al medio mencionado, investiga los móviles y circunstancias del suceso, el cual responde también al uso de explosivos en entornos considerados de alto riesgo.

Violencia, métodos y contextos de los homicidios de habitantes de calle

La violencia contra las personas en calle no se limita al uso de explosivos. El 25 de junio de 2025 se halló una persona incinerada dentro de una carpa en la avenida Primero de Mayo, hecho que amplificó la alarma social.

La Policía Metropolitana de Bogotá atribuye “en su mayoría” los 81 homicidios de habitantes de calle a conflictos por el control del tráfico de estupefacientes en Bogotá. El esclarecimiento de estos crímenes es solo del 17% en 2026; cifras que, según especialistas en seguridad y crimen citados por El Tiempo, perpetúan la impunidad y la repetición de hechos violentos.

Los barrios Los Mártires, Santa Fe y Kennedy concentran el 40% de la población en situación de calle, que asciende a 10.478 personas según el censo de 2024. Este grupo está compuesto, en su mayoría, por hombres de entre 29 y 49 años, con altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas y una percepción constante de peligro, factores que los hacen particularmente vulnerables ante la explotación de redes criminales.

Operativos policiales e intervenciones sociales ante la violencia contra habitantes de calle

Ante la crisis, la Policía Metropolitana de Bogotá ha intensificado los operativos de control mediante estrategias como la Estrategia 7 en Bosa, la instalación de puestos fijos y el aumento de patrullajes en áreas de alto riesgo como Ciudad Bolívar.

Vista en picado de un indigente cubierto con una manta en una calle mojada de Bogotá bajo la lluvia, con una figura con capucha y dos armas en la distancia.
La implementación de estrategias conjuntas, como la expansión de centros de atención y el aumento de patrullajes en áreas críticas, ha contribuido a una reducción parcial en el número de homicidios reportados - crédito Visuales IA

El medio mencionado, reporta que estas intervenciones han llevado a reducir el homicidio en la ciudad en un 10% respecto al año anterior.

En la respuesta social, la Secretaría de Integración Social amplió el número de centros de atención para habitantes de calle: pasó de 15 a 23, con la apertura de ocho centros de acogida, seis de cuidado transitorio, dos de inclusión, un hospedaje social, tres centros sociosanitarios para adultos mayores de 60 años y tres comunidades de cuidado, dirigidas a disminuir la marginalidad extrema.

A pesar de estos esfuerzos, expertos universitarios y organizaciones sociales sostienen que las estrategias institucionales y sociales aún no alcanzan para frenar la violencia ni detener la reproducción de dinámicas delictivas sobre y entre los habitantes de calle.

Factores estructurales, dinámicas criminales y recomendaciones de especialistas

Andrés Nieto, experto en seguridad vinculado a la Universidad Central, detalló que las redes delictivas instrumentalizan a los habitantes de calle como campaneros, transportistas de droga o armas y recolectores de información. Según Nieto, “la mayoría de los homicidios ocurre entre las 21:00 y las 3:00 y corresponden a ajustes de cuentas en entornos delictivos”.

Orlando Carrillo, investigador del Observatorio de Crimen y Seguridad Ciudadana, advirtió que la ausencia del Estado en la protección de esta población facilita su explotación: “El Estado debe ser garante de las condiciones de estas personas. De fondo, eso no sucede; se dejan a su suerte y eso permite que los grupos organizados los instrumentalicen”, declaró a El Tiempo.

Incidente en Mesitas del Colegio genera consternación tras intento de quema a habitante de calle dormido - crédito Colprensa
Un estudio de expertos y académicos demuestra que la participación forzada en tareas ilícitas expone a estas personas a riesgos mortales, mientras las respuestas institucionales siguen siendo limitadas - crédito Colprensa

Juan Carlos Portilla, profesor de criminología y especialista en crimen transnacional de la Universidad Externado de Colombia, explicó que la combinación de exclusión social, consumo, acceso a armas y disputas por microtráfico, sumada al bajo esclarecimiento judicial, mantiene la violencia. “El patrón dominante es la violencia ligada al narcotráfico y al acceso a armas en entornos urbanos”, afirmó Portilla. Además, reiteró que el bajo esclarecimiento —17 %— “genera impunidad y perpetúa la violencia”.

Según especialistas, abordar la problemática requiere una estrategia integral que articule control de armas, acción policial, investigación judicial, atención social y políticas públicas sostenidas.

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