Cayó en Nariño un cabecilla colombiano que lideraba red de lavado de activos: es requerido por las autoridades de Chile

La Policía Nacional, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) detuvo en Ipiales (Nariño) a un ciudadano colombiano identificado como William R., señalado de ser el cabecilla de una red de lavado de activos y requerido por Chile a través de una notificación roja.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la captura del presunto criminal, efectuada en la frontera con Ecuador, fue posible gracias al intercambio de información con autoridades de Canadá, la Policía de Investigación de Chile, la Policía de Ecuador, la Policía de Panamá y Migración Colombia.

La Policía de Ecuador informó que el sujeto fue inadmitido en el país debido a los requerimientos judiciales que tiene. El detenido figura entre los más buscados de Chile, acusado de narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita, según informó el director General de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

“Presuntamente, sería el lider de una organización delictiva dedicada al blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas, utilizando empresas de fachada para ingresar recursos ilícitos al sistema financiero, con movimientos económicos de gran escala”, detalló la Policía ecuatoriana en X.

Luego de que las autoridades del vecino país identificaran al sujeto y le impidieran el ingreso al territorio, activaron los mecanismos de cooperación policial internacional y lo entregaron a las autoridades colombianas para que estas adelanten el proceso legal correspondiente.

De acuerdo con el general William Rincón, esta operación forma parte de los esfuerzos transnacionales para enfrentar el crimen organizado en los países.

Mujer con circular roja de Interpol capturada

Dos semanas atrás, las autoridades de Colombia lograron detener a una persona que también era requerida por la justicia en el exterior. Se trata de una mujer de 27 años que fue ubicada en la localidad de Chapinero, Bogotá, y que fue capturada tras comprobarse que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol solicitada por la justicia de Argentina por cinco hurtos ejecutados mediante el uso de escopolamina.

La Policía Nacional informó que el arresto de la presunta delincuente ocurrió durante un control de antecedentes que se llevó a cabo en el barrio Rosales, donde la ciudadana fue abordada. Al verificar sus datos, las autoridades encontraron que tenía una orden internacional de detención emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56 de Argentina.

Las autoridades judiciales argentinas sostienen que la acusada concertaba reuniones con hombres en clubes nocturnos o domicilios privados, donde supuestamente ganaba su confianza y los drogaba antes de sustraer dinero, documentos y objetos de valor. La modalidad de robo atribuida a la detenida consistía en contactar a las víctimas mediante plataformas digitales de citas, para luego suministrarles una sustancia tóxica en bebidas alcohólicas, dejándolos indefensos y facilitando el hurto.

La joven quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas y deberá responder por el cargo de hurto agravado, contemplado en la orden internacional.

Solicitud de extradición en Colombia

De acuerdo con el Consejo de Estado, para adelantar un proceso de extradición en Colombia cuando hay una circular roja de Interpol de por medio, las autoridades deben presentar a la persona capturada ante la Fiscal General de la Nación, para que formalice el arresto “tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo solicita el Estado requirente”.

“La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o se haya condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno”, precisó el Consejo de Estado, citando el artículo 490 de la Ley 906 de 2004.

La normativa especifica que el Estado requirente debe solicitar la extradición formalmente dentro de los 90 días siguientes al de la detención provisional de la persona capturada.