Mineros de La Mandinga sí tenían que pagarle al Clan del Golfo, aseguró exparamilitar: “Todos pagan un porcentaje”

Continúa la polémica por el hallazgo de La Mandinga, un predio ubicado en inmediaciones a una unidad militar en el Bajo Cauca antioqueño en el que se estarían realizando actividades mineras de forma ilegal.

La investigación realizada por el medio internacional The New York Times detalla que trabajadores locales operaban bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Pese a que el grupo armado negó su vinculación con el predio mencionado, se conoció una nueva versión que demostraría lo contrario. El exparamilitar José Germán Sena Pico, conocido con el alias de Nico, reveló que los trabajadores mineros abonan desde hace años un porcentaje significativo de su producción al Clan del Golfo, situación que persiste pese a que estos terrenos fueron entregados por él para la reparación de víctimas del conflicto armado en 2009.

El hoy condenado, en diálogo con Blu Radio, la explotación de la mina continúa bajo control de grupos armados ilegales, mientras la restitución para las víctimas aún no se cumple.

“Todo lo que lo que significa minería legal o ilegal en el Bajo Cauca le paga un porcentaje altísimo al Clan del Golfo. La Mandinga tiene dos títulos mineros en explotación que solamente ocupan 300 hectáreas”, explicó el exintegrante del grupo paramilitar al citado medio de comunicación.

En su testimonio, Sena Pico especificó que los mineros informales deben entregar el 12% del valor del oro extraído a este grupo armado. “O sea, si sacan 1.000 millones de pesos en oro, tienen que pagarle 120 millones de pesos al Clan del Golfo”, expuso.

Además, se exige el pago de un “impuesto” adicional por maquinaria utilizada, con más de 20 equipos de extracción identificados en la zona.

Igualmente, remarcó que esta circunstancia fue alertada desde 2011 a diferentes entidades, entre ellas la Justicia y Paz y el Congreso de la República, aunque afirma que jamás obtuvo respuesta sobre el destino adecuado de los predios.

“Lo entregaron directamente a las víctimas, ya que el Bajo Cauca tienen un gran número de víctimas. Ninguna de esas voces hicieron eco para que, de verdad, se hicieran la reparación. En cambio, ha habido mayor cantidad de explotación aurífera”, dijo a la cadena radial.

En el Bajo Cauca antioqueño, Sena Pico —antiguo comandante político del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— cedió en 2009 cerca de 22.000 hectáreas de tierras que figuraban a nombre de alias Macaco, destinadas formalmente a compensar a los afectados por el conflicto.

Entre estos bienes figura el predio La Mandinga, que abarca aproximadamente 1.200 hectáreas. Dentro de la mina operan actualmente dos títulos mineros legales en un área reducida de 300 hectáreas, pero el ingreso de mineros informales, quienes deben dar cuenta de su producción al Clan del Golfo, fue detectado después de la entrega oficial.

Detalles de la investigación

Según la investigación publicada por The New York Times, el predio de 2.000 hectáreas donde está situada la mina La Mandinga ha permanecido bajo control del Clan del Golfo desde hace al menos ocho años.

Las autoridades colombianas han ejecutado más de 20 intervenciones desde 2022, con el objetivo de destruir maquinaria e intentar contener la extracción ilegal de oro.

El Ejército colombiano calcula que entre 2.000 y 2.500 mineros informales participan regularmente en estas actividades sobre el terreno, según datos citados por el medio estadounidense.

La posición del Clan del Golfo, expresada mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (@soygaitanista), fue explícita al rechazar la investigación periodística y cualquier vinculación directa como titular de la mina, aunque reconoció que que impone un “impuesto” sobre las operaciones mineras ilegales, justificando esta práctica como un medio para “garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Entre tanto, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó a Colombia+20 de El Espectador.

El caso de La Mandinga no solo evidenció la dificultad del Estado colombiano para controlar territorios estratégicos, sino que también exhibió la complejidad de las redes económicas ilícitas que se benefician del oro extraído.

El llamado a un debate nacional e internacional sobre estas estructuras, sus beneficiarios y la necesidad de formalizar la minería y sus ganancias, permanece abierto como uno de los retos centrales en el proceso de negociación y pacificación en Colombia.