
El uso de menores de edad como ‘escudos humanos’ en medio de las propuestas adelantadas por un grupo de indígenas en el Ministerio del Interio sigue generando revuelo en todo el país.
Según información oficial, el grupo exigía atención estatal y su retorno a los territorios de origen. Sin embargo, durante la protesta, al menos 1.200 funcionarios quedaron retenidos dentro de la sede de la cartera, lo que incrementó la tensión en la zona céntrica de la ciudad.
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Cuando las autoridades intentaron tomar el control, los indígenas usaron a sus propios niños como escudo, conformando una ‘primera línea’ que impidió el uso de elementos de disuasión.
Ante lo ocurrido, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres, rechazó las acciones adelantadas por las comunidades indígenas, además de advertir fuertes procesos disciplinarios en su contra.
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A través de su cuenta de X, la funcionaria aseguró que el grupo protestante ha recibido todas las garantías por parte del Gobierno nacional y la administración distrital, por lo que catalogó como un delito lo ocurrido durante las protestas del miércoles 29 de abril.
“No hay ninguna excusa para lo que acá veo. Con el pueblo embera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de mininterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia”, comentó Cáceres.
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La directora del Icbf también pidió a las autoridades de la capital que se adelante una investigación exhaustiva para determinar quiénes son los responsables del hecho en el que se vieron involucrados los menores en las instalaciones del Ministerio del Interior.
“No hay nada que lo justifique. Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron. Ponemos denuncia y ojalá se logre individualizar los responsables, y ojalá pueda la policía poner en disposición de comisarías y defensorías los niños y niñas que han sido afectados”, señaló la funcionaria.
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Incluso, Cáceres solicitó al Gobierno nacional no continuar con las mesas de diálogo si los líderes embera continúan con prácticas cuestionables y que violan los derechos de los menores de edad del país.
“No debe haber diálogo si hay utilización de los niños y niños, ya interpusimos recursos jurídicos contra los agresores. Pueblo embera sin autoridad espiritual se pierde, pueblo embera sin territorio se empobrece espiritualmente eso es lo que se ve. Recuperarse y reconstruirse es el camino pero tienen que caminarlo”, concluyó la directora del Icbf.
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La controversia surgió tras la difusión de un video en redes sociales. En las imágenes, captadas frente al Ministerio del Interior, se observa a un hombre vestido de negro, gorra camuflada y un objeto contundente en la mano.
Delante de él, un niño pequeño, vestido de verde, es colocado como barrera ante los uniformados de la Undmo (antiguo Esmad). El hecho generó rechazo inmediato tanto en la opinión pública como entre defensores de derechos humanos y autoridades gubernamentales.
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Imágenes registradas durante la intervención muestran a niños y niñas en la primera línea de la manifestación, mientras se desarrollaban operativos de control por parte de la Fuerza Pública. - crédito @petrogustavo/X
Mientras algunos manifestantes utilizaban al menor como protección, otros lanzaban objetos contra la policía que custodiaba la zona. Las imágenes fueron calificadas como “deplorables” por internautas y avivaron el debate sobre los límites éticos en las protestas sociales.
El incidente llevó a las autoridades a encender las alarmas y a reforzar la presencia policial en el sector. El Gobierno de Gustavo Petro, junto a organismos de derechos humanos, expresó su preocupación por la exposición de niños en escenarios de confrontación.
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Las investigaciones se centran ahora en identificar a los responsables de la utilización de niños como escudos, mientras el Icbf y otras entidades mantienen la vigilancia sobre la situación de los menores involucrados.
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