Indígenas Emberá retuvieron a trabajadores del Ministerio del Interior y Jota Pe Hernández se despachó contra Benedetti: “Ustedes los empoderaron”

Un episodio de tensión se registró en la sede del Ministerio del Interior de Colombia el 29 de abril de 2026 tras una acción violenta atribuida a una facción de la comunidad Emberá, que, según el titular de la cartera, Armando Benedetti, retuvo a más de mil personas en el edificio oficial.

El funcionario calificó la situación como “bastante grave”, al subrayar que el grupo mantuvo privadas de su libertad a unas 1.200 personas empleadas en la institución.

Según relató Benedetti en un video, el episodio ocurrió cuando un sector de los Emberá irrumpió en las instalaciones exigiendo recursos para el retorno a sus territorios, la instalación de mesas de diálogo y beneficios de bienestar familiar.

El ministro remarcó: “Ellos lo que reclaman son recursos para el retorno, mesas de diálogo, beneficios de bienestar familiar, pero quiero advertir que todo eso se les ha dado”. Explicó que, a pesar de los apoyos entregados, parte del grupo regresa de manera reiterada a exigir nuevas ayudas.

El funcionario diferenció entre dos sectores dentro de la comunidad Emberá: uno pacífico, con el que las autoridades han logrado dialogar, y otro, al que calificó de violento, responsable de los hechos ocurridos en el Ministerio.

“Hay un grupo que es pacífico, con el cual se puede hablar, y hay otro que es el violento, que es el que estuvo hoy”, expresó el ministro. Añadió que este sector impidió el acceso de personal del bienestar familiar para verificar la situación de los niños y su salud.

La situación, considerada inédita por Benedetti, obligó a las autoridades a emplear la fuerza pública para recuperar el control del edificio. El ministro enfatizó que se trató de una decisión excepcional: “Es la primera vez que se toma esa decisión, pero ameritaba hacerlo”.

Benedetti también aseguró que no hubo lesionados ni consecuencias físicas para los presentes, al manifestar: “No hubo ningún herido, ni nadie golpeado, ni nadie perdió el ojo, ni nadie sufrió alguna consecuencia”.

Las declaraciones del ministro generaron reacciones inmediatas, como la del senador Jota Pe Hernández, quien responsabilizó al Gobierno por la situación.

Mediante su cuenta de X, Hernández afirmó: “Ustedes los empoderaron, ahora se los aguantan”. El legislador abogó por una respuesta más estricta hacia los manifestantes: “La Paz, el Orden, SE IMPONE y lo que le hace falta a esos Sin vergüenzas es MANO DURA”.

Petro rechazó uso de menores en manifestaciones tras disturbios frente al Ministerio del Interior

Imágenes captadas durante la protesta de la comunidad Emberá frente al Ministerio del Interior, el 29 de abril de 2026, evidenciaron la presencia de niños y niñas al frente del grupo manifestante.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a los menores posicionados en la primera línea, mientras al fondo se observan operativos de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), así como detonaciones y gases lacrimógenos.

La divulgación de este material generó inquietud por la exposición de los menores en un contexto de alta tensión, marcado por el lanzamiento de objetos y la intervención de la fuerza pública para dispersar a los manifestantes. Las imágenes provocaron reacciones de rechazo desde distintos sectores y motivaron críticas hacia el uso de menores en escenarios de confrontación.

El presidente Gustavo Petro expresó su postura tras conocer los hechos y manifestó: “Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad”. El mandatario subrayó la importancia de salvaguardar la integridad de la infancia en cualquier circunstancia.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, detalló que la intervención de la Undmo se ajustó a criterios de control considerando la presencia de población vulnerable.

Quintero aseguró que la ubicación de los menores en la primera línea “condicionó la actuación de las autoridades”, y advirtió que los niños habrían sido empleados como “escudos de protección”.

La Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañaron el procedimiento para resguardar los derechos de la infancia. Ante la situación, el Gobierno nacional anunció el inicio de acciones para restablecer los derechos de los menores involucrados en la protesta y reforzar las medidas de protección en futuros escenarios similares.