Gobierno Petro pidió suspender contrato con gestores de convivencia tras presuntas agresiones a un extranjero en Medellín: “No pueden ejercer autoridad policial”

El Gobierno Nacional solicitó suspender de manera inmediata la participación de gestores de convivencia civiles en operativos policiales en Medellín, en medio de una creciente controversia por presuntas extralimitaciones en sus funciones. La decisión busca impedir que estos actores asuman competencias exclusivas de la autoridad pública y reforzar la protección de los derechos ciudadanos en la ciudad.

La instrucción fue elevada por Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, durante una sesión del consejo directivo de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En ese espacio, el funcionario explicó que “durante la sesión del Consejo Directivo (…) le solicitamos a la directora de la Fundación Pascual Bravo que suspenda de manera inmediata cualquier tipo de acompañamiento de los denominados gestores de convivencia a los operativos de la Policía Nacional de Colombia”.

Según detalló Urquijo, esta decisión responde a un contexto de reiteradas denuncias: “estos denominados gestores de convivencia han sido civiles que han recibido varias quejas, denuncias ciudadanas públicas por algunas extralimitaciones”, por lo que insistió en que “ellos no pueden ejercer ningún tipo de autoridad policial, ni se les puede delegar ninguna clase de acompañamiento a operativos de control social y mucho menos de carácter represivo”.

El funcionario también señaló que, ante estas alertas, se solicitó información detallada sobre los contratos y la supervisión de estos actores. “Le habíamos solicitado a la señora directora que nos entregara una información relativa a los objetos de estos contratos, a cómo se vigila a estas personas”, explicó, al tiempo que indicó que allí se ratificó que “sus labores son netamente cívicas, de promoción de cultura ciudadana”.

En esa línea, Urquijo subrayó que el marco de actuación debe ceñirse estrictamente a la ley: “esto significa que las labores deben ser acordes a la ley y, con base en ello, no puede haber ningún tipo de actividad que tenga que ver con, por ejemplo, inspecciones corporales a las personas, acompañamiento a operativos de carácter represivo, ni mucho menos ejercicios de autoridad”.

Finalmente, fue enfático al recalcar la ilegalidad de estas conductas y la necesidad de detenerlas de inmediato: “son ilegales y es por esta razón que solicitamos que se suspenda de manera inmediata cualquier tipo de acompañamiento de estas personas a operativos de la fuerza pública”

La solicitud del Gobierno se dirige directamente a la directiva de la Institución Universitaria Pascual Bravo debido a la relación que existe entre esta entidad y la operación de los gestores. Según la Revista Raya, la Fundación Pascual Bravo, adscrita a la universidad, es la encargada de ejecutar contratos suscritos con la administración distrital para apoyar programas de convivencia y seguridad ciudadana.

Entre estos acuerdos se encuentra el contrato 5498 de 2025, suscrito con la Secretaría de Seguridad por un valor de 6.400 millones de pesos, cuyo objeto es prestar servicios para respaldar las iniciativas de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. A través de este convenio se vincula el personal civil que hoy está en el centro de las denuncias.

El pronunciamiento del Gobierno se produce en medio de investigaciones abiertas por organismos de control, todas relacionadas con un mismo hecho ocurrido en el parque Bolívar Medellín, en el centro de la ciudad. La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín y miembros de la Policía por un procedimiento en el que ciudadanos denunciaron presuntas agresiones durante un operativo.

De manera paralela, la Personería Distrital de Medellín abrió una investigación disciplinaria tras la difusión de un video en el que se observa a funcionarios de la Secretaría de Seguridad, junto a gestores de convivencia, implicados en presuntas agresiones contra ciudadanos extranjeros de origen venezolano.

El hecho, ocurrido a principios de abril, generó un intenso debate sobre el uso de la fuerza, los límites de la acción institucional y el manejo de situaciones de convivencia en espacios públicos.

Según el registro audiovisual conocido, los gestores —identificables por su vestimenta oficial— interceptaron a un grupo de ciudadanos que, presuntamente, incurrían en comportamientos contrarios a las normas de convivencia, como orinar en vía pública y consumir sustancias psicoactivas en inmediaciones de la Catedral Metropolitana y en presencia de niños y feligreses. En medio del procedimiento, uno de los extranjeros que habría confrontado a los funcionarios terminó reducido en el suelo, mientras uniformados de la Policía observaban la escena sin intervenir directamente.

El proceso disciplinario busca establecer si existió un uso desproporcionado de la fuerza y determinar posibles responsabilidades individuales. Según informó la Personería, la indagación preliminar permitirá establecer si hubo faltas disciplinarias y la identificación de los servidores públicos implicados, en el marco de la normativa vigente.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que la intervención derivó en el traslado de la persona reducida a un Centro de Traslado por Protección (CTP), donde se le impuso un comparendo por las conductas señaladas.

El funcionario defendió la actuación institucional al asegurar que los ciudadanos involucrados habrían reaccionado previamente con insultos y agresiones contra los gestores.

Villa Mejía también indicó que algunos de los ciudadanos extranjeros implicados contaban con antecedentes por alteración del orden en otras zonas del centro de Medellín.

No obstante, el caso ha generado una fuerte reacción en sectores ciudadanos, donde se ha llegado a calificar a los gestores de convivencia como estructuras “parapoliciales” o “bandas fascistas”, críticas que la administración local rechaza al insistir en que su actuación se enmarca en la legalidad.

Las polémicas en torno a estos actores no son nuevas. En octubre del año anterior, gestores de convivencia ya habían sido señalados por su participación en altercados durante una movilización en la avenida El Poblado, en la que se registraron enfrentamientos y fue necesaria la intervención conjunta con la Policía para restablecer el orden.