Escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: la Fiscalía aseguró que repartieron $600 mil millones en contratos para asegurar votos en el Congreso

Ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves tomaron la palabra para cuestionar la investigación que los tiene sentados frente a la justicia. La diligencia arrancó a las 8:00 de la mañana de este jueves 30 de abril.

La Fiscalía General de la Nación los acusa de tres delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.

En términos más sencillos, el ente investigador sostiene que los dos exministros acordaron repartir contratos de obra pública entre congresistas a cambio de que estos votaran a favor de proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro y aprobaran créditos de la nación.

El escrito de acusación lo describe así: “Desde por lo menos mayo de 2023 y hasta mediados de febrero de 2024, Luis Fernando Velasco Chaves, entonces Ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data Ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitiera la aprobación de proyectos de ley del gobierno nacional y la tramitación exitosa de créditos de la nación”.

El mismo documento detalla que “en desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes del Congreso de la República, direccionar proyectos, contratos o convenios, que se adelantaban en el *Instituto Nacional de Vías (Invías) o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.

Las cifras que aparecen en el expediente son las que le dan dimensión al caso: según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habrían direccionado 74 proyectos radicados en el Invías por $571.701.473.657 pesos y 5 proyectos en la Ungrd por $40.536.363.430 pesos, para un total de $612.237.837.087 pesos. De ese universo, se habrían concretado siete proyectos que el ente investigador detalla al exponer los cargos por interés indebido en contratos.

El escrito también desglosa cómo se habría distribuido ese monto entre distintas comisiones del Congreso de la República: 13 proyectos para la Comisión Cuarta de la Cámara en departamentos como Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658.279.353 pesos.

Otros 19 proyectos para la Comisión Cuarta del Senado en Magdalena, Córdoba, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816.638.625 pesos; 14 proyectos para la Comisión Tercera del Senado en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145.632.524 pesos; y 25 proyectos para la Comisión Tercera de la Cámara en once departamentos, por $177.380.923.155 pesos.

Uno de los casos concretos que menciona el escrito involucra al senador Julio Elías Chagüí Flórez, de la Comisión Primera del Senado. Según la Fiscalía, en septiembre de 2023 los exministros habrían ordenado a una funcionaria reunirse con él para tramitar tres proyectos del Invías en Córdoba: uno en Lorica por $8.500 millones, otro en Los Córdobas por $4.500 millones y un tercero en Tierralta por $2.700 millones, para un total de $15.700 millones.

Frente a todo esto, Bonilla cuestionó ante el magistrado Caldas el origen de las cifras del Invías que usa la Fiscalía: “Señores de la Fiscalía, ¿cuál es el origen de ese cuadro de Invías? ¿Dónde está? Son proyectos de los años 2021 a 2022”.

También preguntó qué hizo Olmedo López, exdirector de la Ungrd y testigo clave de la Fiscalía, en visitas al Congreso el 13 y el 15 de junio de 2023, y señaló que en esas fechas López se habría reunido con congresistas para llegar a acuerdos políticos que, a su juicio, no han sido investigados.

Velasco, por su parte, fue directo: “Uno no puede defenderse de insinuaciones que no aterricen en cosas reales. No acepto cargos ni tengo nada qué negociar con la Fiscalía”. Su defensa, a cargo de la abogada Rosa Elena Suárez Díaz, argumentó que hay inconsistencias entre la imputación, la acusación y los hechos reales, y que el ente investigador ha usado el delito de concierto para delinquir para “inflar acusaciones”.

Ambos exministros coincidieron en señalar que la Fiscalía no ha cuestionado con suficiente profundidad a López, lo que a su juicio protege al principal testigo del caso. El proceso también tiene como investigados a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, actualmente detenidos, y a otros cuatro parlamentarios que enfrentarán juicio.