Colpensiones tendría problemas para devolver el dinero de los trabajadores si fracasa medida del Gobierno: “No regresa por arte de magia”

La suspensión provisional dictada por el Consejo de Estado sobre el artículo 2 del Decreto 415 de 2026 impidió el traslado inmediato de $25 billones de los fondos de pensión de afiliados que aún no consolidaron su derecho pensional a Colpensiones. El alto tribunal tomó la medida al considerar que el Gobierno de Gustavo Petro excedió su facultad reglamentaria al alterar lo dispuesto por la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de ese mismo año.

La decisión busca evitar que una transferencia patrimonial de gran magnitud resulte reversible si, en el futuro, la justicia llegara a anular el decreto, y así proteger el ahorro pensional y la seguridad jurídica de millones de colombianos. El Decreto 415 de 2026 fue expedido el 20 de abril y ordenaba el traslado inmediato de los recursos de los trabajadores que solicitaron pasarse al régimen público administrado por Colpensiones.

Freno a la transferencia

Sin embargo, conforme a la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de ese año, esos fondos debían permanecer en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta que se consolidara legalmente el derecho a la pensión. Así, el 28 de abril, el Consejo de Estado activó con urgencia las herramientas legales para frenar una transferencia que, de ejecutarse y luego declararse inválida, provocaría efectos económicos difíciles de revertir.

De acuerdo con la abogada líder de Derecho Laboral, Seguridad Social y Ugpp en Scola Abogados Diana Milena Bolívar, el trasfondo del asunto radica en la extralimitación reglamentaria del Gobierno.

“Las necesidades de liquidez de una entidad pública —por legítimas que sean— no pueden servir de fundamento para que el Ejecutivo, mediante decreto reglamentario, altere el momento en que opera una obligación que el legislador condicionó expresamente a un evento futuro. Si el Gobierno consideraba que la regla legal era inconveniente o insuficiente, tenía el camino correcto: acudir al Congreso, no facultarse mediante un decreto para anticipar consecuencias jurídicas que la ley no previó”, afirmó.

Para ella, el nuevo decreto no llenó un vacío normativo, sino que contradijo la interpretación oficial previa que el propio Ejecutivo adoptó, totalmente compatible con el marco legal vigente.

Efectos para los afiliados y el sistema de pensiones

La decisión judicial tiene un impacto material en la protección de los recursos pensionales de los trabajadores, pues evita traslados que, si luego se declararan inválidos, serían sumamente difíciles de revertir. Según la experta, la gravedad del Decreto 415 reside tanto en sus dudas legales como en la dificultad de deshacer cualquier movimiento ya implementado.

“Lo que hace especialmente grave el Decreto 415 no es solo su ilegalidad, sino su irreversibilidad práctica. Una vez trasladados los recursos a Colpensiones, revertir esa operación —si la justicia finalmente declara la nulidad del Decreto— implicaría una complejidad financiera y operativa descomunal. Los títulos de deuda, las inversiones en curso, los rendimientos devengados: todo ello no regresa por arte de magia a los portafolios de las AFP como si nada hubiera ocurrido”, explicó Bolívar.

Dentro de las dificultades está la imposibilidad de retornar de forma sencilla los fondos y la existencia de potenciales perjuicios económicos para los afiliados. Además, el sistema en sí mismo podría enfrentar brechas en el pago de rendimientos y problemas técnicos para asegurar la integridad de los recursos afectados.

Dichas consecuencias afectan tanto a quienes están transitando entre regímenes como a la estructura patrimonial del sistema en general.

Seguridad jurídica y confianza en el sistema pensional

El proceso judicial movilizó acciones urgentes para proteger el patrimonio de los trabajadores, ya que un retraso en la decisión podría haber permitido que los traslados se consumaran, con consecuencias que serían imposibles de revertir. Por esta razón, el Consejo de Estado usó el trámite excepcional previsto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La estabilidad de las reglas del sistema y la posibilidad de defender los derechos de los afiliados dependen de la confianza pública y la seguridad jurídica.

Diana Milena Bolívar resaltó que “los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado lo hicieron bajo unas reglas claras. Cambiarlas de manera abrupta, en su perjuicio y sin habilitación legal, es una forma de traicionar la confianza legítima que el Estado mismo generó”.

La relación de confianza entre ciudadanía y Estado en materia pensional se apoya en la previsibilidad normativa. Cualquier modificación abrupta vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre respecto de las reglas futuras, con efectos tanto sociales como económicos para quienes han depositado sus recursos durante años de trabajo.

Proceso judicial y límites al Ejecutivo

La suspensión decretada por el Consejo de Estado es provisional y el proceso judicial sigue su curso. En la actualidad existen diez cargos de nulidad presentados contra el Decreto 415 de 2026, abarcando alegaciones de extralimitación reglamentaria y desviación de poder. El proceso permanece abierto y pendiente de una decisión definitiva sobre la validez del decreto.

“La suspensión provisional no es una decisión de fondo. El proceso continuará y el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre todos los cargos de nulidad formulados contra el decreto —diez en total, que van desde la extralimitación reglamentaria hasta la desviación de poder—”, explicó la abogada.

La misma experta considera que la decisión reafirma los límites constitucionales al Ejecutivo. “La señal que envía esta medida cautelar es clara: el control judicial de la actividad administrativa está activo, y los límites constitucionales al poder reglamentario no son sugerencias”, puntualizó.