Trabajadores de Ecopetrol se oponen a la millonaria venta de activos de la compañía que busca el Gobierno Petro: hicieron peticiones

El anuncio del Plan de Enajenación 2026, presentado por el Gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República, generó una reacción inmediata desde los sectores sindicales vinculados a la industria petrolera. El plan contempla la posible venta de activos estatales valorados en más de $50 billones, con un impacto directo sobre empresas clave del sector energético, entre ellas Ecopetrol y sus principales filiales. Ante este escenario, la Unión Sindical Obrera (USO) solicitó de manera formal una reunión con la administración de la petrolera estatal y el Ministerio de Hacienda para discutir el alcance y las implicaciones de la propuesta.

La solicitud, dirigida al presidente encargado de Ecopetrol S.A., Juan Carlos Hurtado, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, expone la preocupación creciente en distintos sectores sociales, laborales y económicos frente a decisiones que, según el gremio, podrían afectar el patrimonio público, la estabilidad financiera de la compañía y la soberanía energética nacional.

Espacio de diálogo directo

De acuerdo con el documento remitido por la USO, la información divulgada sobre una eventual venta de negocios de Ecopetrol, incluida en el reporte oficial entregado al Congreso, motivó la demanda de un espacio de diálogo directo y transparente con la administración de la empresa.

Y es que el Plan de Enajenación Global 2026 constituye un informe legal obligatorio que, según lo establecido por la Ley 226 de 1995, identifica compañías estatales susceptibles de desinversión en los próximos años. El mecanismo exige que el Ejecutivo presente al Congreso un listado preliminar de activos evaluados para una eventual venta dentro de los primeros sesenta días del año. Posteriormente, la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (Caap) analiza el catálogo de activos remitido, el cual abarca participaciones en sectores de energía, transporte y servicios públicos.

Lo que plantea la USO

La inclusión de Ecopetrol en este listado hizo que la USO advirtiera sobre posibles consecuencias para el empleo, la estructura empresarial y la sostenibilidad financiera de la compañía. Dentro de los puntos planteados en la solicitud de reunión, el sindicato pide:

• Conocer con precisión el alcance real de la información divulgada.
• Activos específicos de Ecopetrol que estarían siendo analizados para una venta o desinversión.
• Criterios técnicos y financieros que fundamentarían esas decisiones.
• Posibles impactos sobre la operación empresarial y el interés nacional
• Posición oficial tanto de la compañía como del Gobierno nacional frente al asunto.

El plan presentado por el Ejecutivo detalla un total de 23 activos estratégicos estatales. Ecopetrol encabeza la lista, incluyendo filiales e iniciativas internacionales como Ecopetrol América, Ecopetrol del Perú, Ecopetrol Hidrocarburos México y operaciones en la Cuenca Permian de Estados Unidos, así como sucursales en Asia y Europa como Ecopetrol Trading Asia, Ecopetrol Capital AG y Ecopetrol Singapur.

En el ámbito nacional, se contemplan activos en:

• Transporte y logística: Cenit, Ocensa, Oleoducto de Colombia S.A. y Oleoducto de los Llanos Orientales S.A..
• Refinación y petroquímica: entre ellas la Refinería de Cartagena (Reficar), Essentia S.A. y Ecodiésel Colombia, así como compañías de exploración y producción de hidrocarburos como Hocol, Equión Energía e Invercolsa, y proyectos en energías renovables como Wind Autogeneración S.A.S.
• Fuera del sector energético: el listado incluye a la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport), la Zona Franca de Cartagena, la Sociedad Portuaria del Dique y terminales de transporte terrestre en ciudades como Ipiales, San Gil, Aguachica y Barranquilla. Además, aparecen Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y filiales técnicas y comerciales como Ecopetrol Global Energy y Santiago Oil Company.

Venta no es automática

La venta de estos activos no es automática ni inmediata. El Estado colombiano posee en la actualidad el 88,2% de Ecopetrol, lo que implica que cualquier operación de este tipo requiere la aprobación de la Junta Directiva, los accionistas y la expedición de un decreto específico del Gobierno nacional. El procedimiento exige un análisis técnico y financiero previo, y la inclusión de un activo en el listado del plan no constituye una obligación de venta ni de ejecución inmediata. Solo un decreto formal, posterior al cumplimiento de los trámites corporativos y gubernamentales, habilitaría la enajenación.

La USO insiste en la necesidad de establecer escenarios de interlocución transparente frente a decisiones de alto interés público y de escuchar las posiciones institucionales sobre temas sensibles para el país y para los trabajadores del sector energético. El sindicato considera que un diálogo oportuno podría contribuir a brindar claridad, estabilidad y confianza frente a la información que circula actualmente en la opinión pública.

Audiencia pública

De ogual manera, la Unión Sindical Obrera anunció que solicitará a la Comisión Quinta del Senado la apertura de una audiencia pública con el fin de analizar los alcances de una eventual desinversión en los activos estatales estratégicos. Dicha petición busca ampliar el debate sobre las posibles repercusiones del Plan de Enajenación 2026 y garantizar la participación de distintos sectores en la discusión sobre el futuro de las empresas públicas colombianas.

La carta enviada por la USO lleva la firma del presidente nacional del sindicato, Martín Ravelo R., y del secretario general, Manuel Jesús Coronado, que reiteraron su disposición a participar en cualquier espacio de diálogo que permita esclarecer el panorama y proteger los intereses laborales y energéticos del país.