“Es un incumplimiento total de la ley”: MinSalud alerta crisis en EPS por patrimonio negativo y reservas técnicas

“Es un incumplimiento total de la ley”, con esa frase el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una advertencia sobre la situación financiera de varias EPS y abrió un nuevo capítulo del debate sobre sostenibilidad del sistema, al señalar fallas patrimoniales, problemas en reservas técnicas e incumplimientos de indicadores exigidos.

La alerta del Gobierno apunta a que varias entidades estarían operando con patrimonio negativo y sin cumplir condiciones financieras clave, pese a seguir recibiendo recursos públicos. Según información obtenida por Revista Semana, el ministro aseguró que, salvo dos excepciones, las EPS señaladas incumplirían los tres indicadores que exige el sistema.

Jaramillo sostuvo que esa situación representa un problema estructural y cuestionó que recursos del Estado sigan llegando a entidades que, según su planteamiento, no tendrían condiciones para recibirlos bajo la normatividad vigente.

“Todas estas empresas, con excepción de dos, están incumpliendo”, afirmó el ministro, al insistir en que se trata de un asunto legal y financiero que pone presión sobre el funcionamiento del aseguramiento en salud.

Uno de los señalamientos más delicados estuvo relacionado con Nueva EPS. Según expuso el jefe de la cartera, entre 2019 y 2023 se comprobó que sus estados financieros fueron fraudulentos, una afirmación que elevó la controversia alrededor de la entidad.

El mensaje de Jaramillo se centró en que no se trata solo de dificultades operativas, sino de incumplimientos sobre bases técnicas y patrimoniales, incluyendo reservas obligatorias para respaldar obligaciones del sistema.

Las reservas técnicas son uno de los soportes financieros más sensibles dentro del modelo de aseguramiento, porque respaldan la capacidad de responder por servicios y obligaciones frente a prestadores.

Que el ministro las mencionara como un frente de falla fue interpretado como una señal de alerta sobre riesgos más profundos dentro de varias EPS.

La discusión se amplió con el pronunciamiento de Gustavo Petro sobre el futuro de las entidades intervenidas. El presidente planteó que liquidarlas podría impedir el pago de obligaciones pendientes con hospitales y clínicas, por lo que propuso una salida distinta.

“Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas”, sostuvo el mandatario, argumentando que retirar licencias permitiría mantener vivas las obligaciones de los propietarios y evitar que las deudas desaparezcan en una liquidación.

Ese planteamiento busca, según Petro, preservar la responsabilidad patrimonial de los dueños para que esas acreencias puedan ser pagadas o eventualmente embargadas.

La propuesta de quitar licencias en vez de liquidar marca una línea política distinta frente a la crisis del sector, y aparece como parte del debate sobre qué hacer con entidades bajo intervención o con problemas estructurales.

Según el presidente, una liquidación convertiría muchas obligaciones en deudas difíciles de recuperar para hospitales y clínicas, mientras retirar licencias mantendría viva la responsabilidad empresarial.

Ese enfoque ha generado discusión porque implicaría una ruta distinta frente a la salida tradicional de liquidación cuando una EPS pierde viabilidad.

El pronunciamiento del ministro y del presidente llega en medio de crecientes alertas sobre funcionamiento del sistema, con cuestionamientos sobre pagos, redes de atención y estabilidad financiera de aseguradores.

Las declaraciones también coinciden con nuevos debates sobre las EPS intervenidas y advertencias sobre el impacto que cualquier decisión puede tener sobre millones de usuarios afiliados.

Jaramillo insistió en que el centro del problema está en entidades que, según dijo, reciben recursos sin cumplir plenamente las exigencias financieras y legales del modelo.

Ese señalamiento reabre el debate sobre supervisión y control, especialmente sobre cómo se permitió que varias EPS llegaran a escenarios de patrimonio negativo o deterioro de reservas técnicas.

Al mismo tiempo, la discusión sobre no liquidar sino quitar licencias introduce una fórmula que podría redefinir el manejo de entidades en crisis si esa tesis termina imponiéndose.

Para el Gobierno, el argumento es proteger el pago de deudas con hospitales y clínicas; para críticos, la discusión sigue siendo si esas soluciones corrigen problemas estructurales o solo administran una crisis persistente.

Lo que dejaron las declaraciones es una alerta doble: problemas financieros severos en varias EPS y una discusión abierta sobre cómo responder sin agravar el impacto sobre usuarios y prestadores.

Mientras el Gobierno insiste en que hay incumplimientos graves y defiende nuevas rutas para enfrentar la crisis, el debate de fondo vuelve a ser el mismo: cómo sostener un sistema donde patrimonio, reservas y flujo de recursos están hoy bajo creciente presión.