Caso Ungrd: Tribunal Superior de Bogotá decidirá si mantiene o no la medida de aseguramiento contra el exministro Luis Fernando Velasco

El Tribunal Superior de Bogotá reprogramó la fecha en la que resolverá los recursos de apelación presentados por las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso penal relacionado con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión modifica el calendario inicialmente previsto para la diligencia judicial.

La audiencia, que estaba programada para el miércoles 29 de abril a las 9:00 a. m., fue trasladada para el jueves 30 de abril a la misma hora, luego de una solicitud de la defensa del exministro Luis Fernando Velasco. En esta sesión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer la decisión sobre la apelación de la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso.

De acuerdo con la comunicación oficial del tribunal, se convocó a las partes para la lectura del fallo que resuelve los recursos, como parte del expediente radicado contra los dos exministros. En el documento se indicó además que la diligencia será virtual.

La determinación fue adoptada por la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, que firmó la providencia en su calidad de integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Audiencia de formulación de cargos en la Corte Suprema

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia continuará con otra diligencia clave dentro del mismo caso. El miércoles 29 de abril a las 8:15 a. m. se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Bonilla y Velasco, en la que se formalizará el inicio del juicio en primera instancia.

El proceso avanzó luego de que el 7 de abril la Fiscalía General de la Nación presentara el escrito de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal. Posteriormente, el 8 de abril se asignó el caso al magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, que asumió como ponente.

Los exfuncionarios del Gobierno enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, según la imputación del ente acusador.

Avances judiciales en la investigación

El caso hace parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la que también están vinculados otros exfuncionarios y dirigentes políticos. Dentro del expediente permanecen privados de la libertad el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle y la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz.

Según la Fiscalía, los hechos investigados estarían relacionados con el presunto uso de la Ungrd como mecanismo para obtener apoyos en el Congreso mediante la manipulación de procesos contractuales.

De acuerdo con la investigación, Ricardo Bonilla habría solicitado al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, tramitar contratos relacionados con miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre los congresistas mencionados se encuentran Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.

El ente acusador sostiene que el propósito de estas actuaciones era “favorecer a los congresistas” y asegurar el trámite de iniciativas del Gobierno en el Congreso.

La Fiscalía también ha señalado que entre mayo de 2023 y mediados de 2024 se habrían establecido acuerdos para direccionar recursos públicos con el fin de garantizar mayorías legislativas. En ese periodo, según el expediente, se buscaba “cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”.

Entre septiembre y diciembre de 2023 se habrían intentado influir contratos de la Ungrd destinados a atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en el Carmen de Bolívar, por un valor total de $86.619 millones. Aunque dichos contratos no fueron adjudicados, la Fiscalía indicó que se aprobaron 17 notas de crédito relacionadas con proyectos gubernamentales.

El Tribunal Superior de Bogotá ya había adoptado una decisión previa dentro del mismo caso el 7 de marzo, cuando ordenó la libertad de Ricardo Bonilla al considerar que la Fiscalía no cumplió con el plazo legal para presentar el escrito de acusación. Desde entonces, el exministro continúa vinculado al proceso en libertad, tras haber estado detenido desde diciembre de 2025.