Atentado en Puerto Colombia sería un ajuste de cuentas: criminales balearon a una recién nacida

Las autoridades de Puerto Colombia (Atlántico) entregaron los primeros detalles de la investigación sobre el atentado a una familia, asegurando que todo apunta a que se trataría de un caso de ajuste de cuentas relacionado con el microtráfico de drogas, aunque continúan las investigaciones para determinar los móviles del ataque.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima mortal fue identificada como Andrés Felipe González Pérez, conocido como alias El Cabe, cuyo fallecimiento ocurrió después del ataque armado en el sector conocido como El Congelador durante el lunes 27 de abril de 2026.

El hecho dejó además en estado crítico a su pareja, Yorgelis Carolina Reyes Germán, y a su hija recién nacida, que continúan bajo observación de los especialistas en la Clínica Portoazul Auna, de Barranquilla, hasta donde fueron trasladadas por la gravedad del ataque.

Ante el riesgo de nuevos actos violentos, la Alcaldía de Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico ofrecieron una recompensa millonaria para obtener información que permita capturar a los responsables, según el medio local Hoy Diario del Magdalena.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla reveló que el fallecido tenía cinco anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir, por lo que se estima que el ataque estaría relacionado con sus actividades ilegales.

Cabe mencionar que, en diciembre de 2024, los agentes ya habían realizado un allanamiento en la vivienda de las víctimas, en la zona de invasión Colinas del Sol, ante sospechas fundadas de actividad relacionada con estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis oficial de que el ataque formó parte de una disputa territorial entre bandas delincuenciales, según detalles revelados por El Heraldo.

De acuerdo con los primeros hallazgos policiales, el ataque fue ejecutado por dos personas que llegaron a pie hasta la casa de tablas donde se encontraba la familia. Tras disparar, los sicarios huyeron en motocicletas conducidas por sus cómplices.

El análisis de la escena y la recolección de testimonios apunta a que los presuntos autores materiales serían alias Matius y alias El Pavo, identificados como integrantes de la banda Los del Pueblo, que opera bajo las órdenes de alias Salchichón, que tiene antecedentes por su trabajo criminal en el Clan del Golfo.

La investigación habla de un posible ajuste de cuentas motivado por el rechazo de González Pérez a continuar en la venta de drogas, pues los criminales pretendían obligar a la víctima a seguir involucrada en el microtráfico.

Tras lo ocurrido se pronunció el secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Winston Varela Amador, que expresó lo siguiente: “Rechazamos de manera contundente este atentado sicarial, y hacemos un llamado a la comunidad y a quien tenga información sobre el mismo a que colabore con las autoridades”.

Como resultado del ataque, la menor de 20 días de nacida se mantiene en estado reservado en una Unidad de Cuidado Intensivo, mientras que su madre permanece estable y bajo vigilancia. Mientras tanto, la fuerza pública reforzó los patrullajes en puntos críticos del municipio con el objetivo de prevenir una escalada de violencia entre grupos rivales.

Autoridades de Puerto Colombia ofrecen recompensa

Frente al impacto del caso, la Alcaldía y la Gobernación dispusieron una recompensa de hasta $40 millones por información relevante, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren en la identificación de los agresores. Así, se espera acelerar la identificación y captura de los responsables directos del crimen que ha conmocionado a los habitantes del municipio.

Asimismo, el secretario Varela Amador confirmó el incremento de la presencia policial y de las labores de vigilancia en barrios periféricos donde operan bandas delictivas: “Avanzamos en las labores investigativas a través de las cuales se maneja la hipótesis de estar relacionada con microtráfico”.

El hecho violento se convirtió en el eje de una investigación priorizada que involucra a la Policía Metropolitana, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía local y la Gobernación.