Nuevo impuesto del Gobierno Petro no está recaudando lo necesario debido a problema que surgió en la Corte Constitucional

La decisión sobre el futuro del impuesto al patrimonio permanece en suspenso en la Corte Constitucional, al no haber aún un fallo de fondo debido a que seis magistrados se declararon impedidos para deliberar por sus lazos con instituciones potencialmente afectadas.

El tributo, dirigido a personas y empresas con patrimonios líquidos desde $10.470 millones, busca responder a la catástrofe provocada por la ola invernal que golpeó a varios departamentos del norte del país. El pago se divide en dos cuotas, con fechas de vencimiento del 1 de abril y el 4 de mayo, mientras sectores empresariales, universidades y autoridades siguen expectantes con el futuro de la medida.

Dicho mecanismo pretende obtener recursos de manera rápida de los sectores de mayor capacidad contributiva. Si se alcanzan los $8,3 billones proyectados, se financiará la mayor parte de la reconstrucción y la asistencia a las áreas más afectadas.

Como se recordará, el Gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica el 24 de febrero debido a las inundaciones, con lo que estableció el impuesto al patrimonio como principal medida extraordinaria de financiamiento. Los departamentos más afectados incluyen Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La medida habilitó decisiones urgentes para canalizar recursos estatales hacia las zonas damnificadas.

El debate jurídico en la Corte Constitucional

El análisis jurídico del impuesto corresponde a la magistrada Lina Escobar, responsable de estudiar el Decreto 173 de 2026. Desde el 3 de marzo, de acuerdo con La FM, Escobar ordenó la recolección de pruebas y documentos para evaluar tanto la constitucionalidad del estado de excepción como la proporcionalidad del arancel.

Para el examen, la magistrada solicitó al Gobierno nacional precisiones sobre cuánto del monto total de la emergencia se cubriría específicamente con el impuesto al patrimonio. Además, pidió informar sobre alternativas consideradas y formuló más de cincuenta preguntas dirigidas a la Presidencia relacionadas con los requisitos formales del estado de excepción y las necesidades tributarias.

Las gobernaciones de los territorios afectados debieron informar a la Corte cuántos recursos adicionales precisan para atender los daños sufridos. También casi una veintena de entidades, entre universidades y organismos técnicos, fueron invitadas a pronunciarse sobre la legalidad del decreto. El plazo para remitir la documentación venció el 6 de abril, según detalló el medio.

Conflictos de interés y voces de los magistrados

Asimismo, de acuerdo con La FM, el trámite en la Corte Constitucional quedó paralizado cuando seis magistrados presentaron impedimentos al alegar relaciones académicas o profesionales con instituciones sujetas al impuesto. Entre ellos figuran Lina Escobar —docente en la Universidad Javeriana— y Natalia Ángel, vicepresidenta del tribunal, profesora en la Universidad de los Andes.

Escobar argumentó que “aunque el nuevo impuesto al patrimonio no me cobija directamente, sí impacta en la institución universitaria en la que ejerzo la docencia”. Por su parte, Natalia Ángel señaló que “desde hace varios años soy profesora en la Universidad de Los Andes, institución que podría verse impactada como destinataria de las medidas tributarias”.

Por su parte, el magistrado Vladimir Fernández, docente en la Universidad Externado, comentó que, si bien la medida no le afecta, sí puede incidir en la institución donde tiene vínculo académico. Además de ellos, también se declararon impedidos Paola Meneses (presidenta de la Corte), Miguel Polo Rosero (docente en la Javeriana y en la Universidad Católica) y Carlos Camargo (exvicerrector de la Universidad Sergio Arboleda).

Solo después de que la Sala Plena defina estos recursos de impedimento podrá retomarse el estudio de la constitucionalidad del impuesto al patrimonio.

Recaudo actual y proyecciones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que hasta el 14 de abril el recaudo alcanzó $2,43 billones, cifra inferior a la meta de $8,3 billones. El periodo para el segundo pago finalizó el 4 de mayo, momento en el que contribuyentes obligados —personas y empresas— hicieron los aportes.

El efecto fiscal total del tributo está en revisión, ya que la Corte Constitucional aún no ha resuelto si la medida se ajusta a la carta magna. Esta situación mantiene en vilo a entidades públicas, empresarios y universidades.

Críticas y consecuencias económicas

La introducción y recaudación del impuesto al patrimonio han generado todo tipo de críticas. La organización Colfuturo calificó la medida como “manifiestamente regresiva, inequitativa y contraria a los principios constitucionales” de equidad y justicia tributaria. Diversos gremios y asociaciones argumentan que el tributo afectará en mayor proporción a universidades y empresas generadoras de empleo, muchas de las cuales podrían enfrentar dificultades para cumplir con la nueva carga.

Mientras que la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, advirtió que “miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”. Agregó que gravar el patrimonio empresarial desincentiva la inversión, golpea a compañías con activos acumulados y pone en riesgo el empleo formal de más de tres millones de personas.