
El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó la mañana del martes 28 de abril de 2026 a la reveladora cifra que se conoció el día anterior de víctimas de los ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales), lunes 27 de abril, por parte de Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El funcionario señaló en una de sus declaraciones durante el Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de los responsables de la Masacre La Resbalosa, perpetrada el 21 de febrero de 2005, en jurisdicción del municipio de Apartadó, Antioquia.
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“Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja”, inició el mensaje que compartió desde su cuenta de X (@petrogustavo).

El jefe de Estado calificó lo anterior como “el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”.
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En un segundo mensaje que compartió la misma mañana, Petro afirmó: “Son 7837 víctimas del estado por el fusilamiento sistemático de jóvenes en el gobierno de la mal llamada seguridad democrática, era la seguridad de la muerte total. 2.002/2010″.
Al final, el mandatario concluyó: “No quieren reelección para la justicia social, la quieren para la muerte”.
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JEP sobre cifras de ‘falsos positivos’: ya no son 6.402 sino 7.837 víctimas
“En el curso de las versiones de los comparecientes, se logró determinar la coordinación entre los grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional de la Decimoséptima Brigada y el Batallón Vélez en la región de Urabá durante los años 2004 y 2005″, destacó el comienzo de la grabación que compartió el mandatario.
El magistrado Díaz argumentó además que “el análisis sobre la georreferenciación de las unidades militares y los lugares cercanos o la ruta donde se ubicaban las bases militares, se respaldan (...) para explicar una política de facto de colaboración en esta región con el actor armado paramilitar”.
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Sin embargo, el momento que llevó a la publicación del mensaje por parte del presidente colombiano quedó señalado, en palabras del funcionario de la JEP, es que “el informe también destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública entre los años 1990 a 2016 a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas”.
El valor se superior al ya conocido hasta el momento, 6.402 víctimas, una “cifra que es dinámica conforme avanzan los casos que se abordaron en el macrocaso tres de asesinatos, de desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado”, sustentó el togado.
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Dentro del mismo periodo que se detalló (1990-2016), el magistrado Díaz puntualizó que de las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 1.932 se registraron en Antioquia.
Dentro de las reacciones que se conocieron hasta el momento, la senadora Esmeralda Hernández, que no desaprovechó la ocasión para referirse a la propuesta de la aspirante presidencial Paloma Valencia, de nombrar al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa en caso de que ella gane los comicios.
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“No fueron 6.402 falsos positivos, sino 7.837. Así lo confirmó la JEP. Una cifra escalofriante: jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros. Y aún así, hoy Paloma Valencia quiere a Uribe como ministro de Defensa para revivir la seguridad democrática. Solo de imaginarlo produce terror. Qué horror”, destacó la congresista del Pacto Histórico.

Mientras que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó desde su perfil de X: “Ahora son 7.837 crímenes de guerra cometidos por el Uribismo”.
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Por el momento el exmandatario antioqueño no se ha pronunciado al respecto, mientras sigue acompañando a su abanderada Paloma Valencia (Centro Democrático), que de acuerdo con la encuesta Invamer que se reveló el domingo 26 de abril de 2026, ya se encuentra tercera en la contienda electoral, detrás de Iván Cepeda (Pacto Histórico) y de Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional).
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