Gustavo Petro aseguró que el software electoral “no se puede auditar” y cuestionó las garantías del sistema de escrutinios

El contenido de un acta oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil volvió a encender el debate sobre la transparencia del sistema electoral en Colombia, luego de que se conocieran advertencias técnicas hechas por auditores de distintos partidos sobre la imposibilidad de verificar el software de escrutinio utilizado en las elecciones territoriales de 2023.

El presidente Gustavo Petro reavivó la controversia al afirmar públicamente que “hasta los mismos funcionarios de la registraduría, los auditores de derecha y los de izquierda afirman que el software de escrutinios es imposible de auditar porque no se entregan las herramientas para hacerlo”.

Su declaración se basa en el contenido del Acta No. 0021 del 9 de octubre de 2023, un documento institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La polémica creció tras la difusión de este documento por parte del abogado Alejandro Carranza, quien cuestionó la narrativa reciente de la entidad electoral.

Según Carranza, la Registraduría ha intentado vincular denuncias sin pruebas sobre irregularidades electorales con el incendio de su sede en Gamarra, ocurrido el 28 de octubre de 2023, en el que murió una funcionaria. Frente a esto, sostuvo que “es una invocación cargada y conviene responderla con hechos, no con consignas”.

En ese sentido, enfatizó que existe un documento oficial que la entidad no ha mencionado en su campaña reciente. Se trata del acta suscrita en la Sala de Auditoría de la sede principal, firmada, entre otros, por el líder de escrutinios Wilman Albarracín.

Allí se consignaron las conclusiones de auditores de cinco agrupaciones políticas: Pacto Histórico, Centro Democrático, Unión Patriótica, Coalición Perico y Dignidad y Compromiso, con acompañamiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El documento revela un consenso inusual entre sectores políticos opuestos. “Izquierda en el gobierno y derecha de oposición, mirando el mismo código, llegando a la misma conclusión”, subrayó Carranza, al destacar que las observaciones técnicas coincidieron en señalar graves limitaciones para auditar el sistema.

Entre los testimonios consignados, el auditor del Centro Democrático advirtió que “no se puede realizar una correcta auditoría al código debido a falta de herramientas y documentación”, lo que impediría verificar su funcionamiento.

Por su parte, una auditora de la Unión Patriótica fue más allá al afirmar: “No se sabe si el Código que estamos viendo corresponde a lo que el país compró. No hay forma de saberlo”.

Las observaciones incluyeron la ausencia de control de versiones, falta de documentación técnica, imposibilidad de realizar análisis completos y dudas sobre la correspondencia entre el código revisado y el utilizado en producción. Estas falencias, según el acta, afectan directamente la trazabilidad y confiabilidad del sistema.

Uno de los apartes más contundentes del documento, firmado por varios auditores, concluye: “No se tiene ninguna garantía que el software presentado sea el mismo que se utiliza el día electoral”. Esta afirmación resume el núcleo de las preocupaciones técnicas y ha sido utilizada como argumento central por quienes cuestionan la transparencia del proceso.

Carranza también señaló un elemento institucional clave: la ausencia de la Procuraduría General de la Nación en esa sesión de auditoría.

Según indicó, esto resulta relevante porque actualmente ese organismo ha pedido medidas frente a las declaraciones del presidente sobre el software electoral. “La Procuraduría, que hoy pide censura al jefe de Estado por hablar del tema, no estuvo presente en esa sesión”, afirmó.

Carranza planteó además un dilema directo a la Registraduría: si el acta es falsa, la entidad debe explicar por qué fue firmada y archivada; si es verdadera, entonces las declaraciones del presidente se limitarían a reproducir lo consignado oficialmente.

En sus palabras, “cuando la Registraduría hoy invoca el dolor de Gamarra para reclamar silencio, conviene preguntarle: si su propia acta dice que el software no se puede auditar, ¿por qué quien lo repite debe rectificarse?”.

La controversia se da en medio de un clima político sensible, donde la confianza en las instituciones electorales es clave de cara a futuros procesos.

Aunque la Registraduría ha defendido la solidez de sus sistemas, el contenido del acta introduce dudas que trascienden el debate político y se sitúan en el terreno técnico.