Director de la Uiaf “activó los protocolos de inteligencia financiera” por presunta minería ilegal cerca a una base militar en el Bajo Cauca

Una alerta por presuntas economías ilícitas en un terreno cercano al Batallón Rifles, en zona rural de Cáceres, donde miles de mineros informales extraen de forma ilegal con impacto ambiental, sacudió la agenda pública y activó las alarmas del control financiero del Estado; la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) puso la lupa en el rastro del dinero detrás de las denuncias.

El director de la entidad, Wilmar Mejía, anunció la activación de protocolos de inteligencia financiera tras conocerse versiones sobre una presunta explotación minera ilegal en predios vinculados a una guarnición en Caucasia. Su pronunciamiento se produjo poco después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenara una verificación urgente de los hechos.

La declaración del funcionario surgió como respuesta directa a Pedro Sánchez, que fijó una postura tajante frente a cualquier anomalía dentro de la fuerza pública. El ministro aseguró que no existe espacio para conductas indebidas y ordenó esclarecer las denuncias relacionadas con actividades extractivas en el Bajo Cauca antioqueño.

Wilmar Mejía anuncia apertura de una investigación financiera sobre minería ilegal

Wilmar Mejía explicó que la Uiaf iniciará revisiones sobre movimientos financieros y patrimoniales de quienes puedan aparecer relacionados con los hechos. El alcance de esos análisis incluye tanto a funcionarios como a particulares y empresas, siempre bajo coordinación con las autoridades competentes.

“Señor Ministro @PedroSanchezCol, teniendo en cuenta la designación del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los EE.UU., y ante información de dominio público sobre la presunta operación de minería ilícita en una guarnición militar, la @UIAFColombia, en el marco de la Ley 526 de 1999, activó los protocolos de inteligencia financiera, luego del análisis preliminar realizado por los equipos técnicos de la entidad (sic)”, señaló Mejía en su cuenta de X.

Mejía insistió en que la posible conexión entre minería ilegal y estructuras armadas representa un riesgo que exige respuesta inmediata. En ese sentido, recalcó que la entidad orienta sus acciones a detectar flujos de dinero que alimentan organizaciones criminales y fortalecen su capacidad operativa.

“Por tratarse de hechos que podrían constituir financiación al terrorismo y otros delitos fuente de lavado de activos, esta Unidad procederá a realizar los análisis patrimoniales y financieros pertinentes sobre servidores públicos, civiles o militares, así como personas jurídicas, que resulten vinculadas a los hechos materia de investigación, en coordinación con las autoridades competentes y conforme a los canales institucionales establecidos”, se lee en el post de Mejía.

El funcionario cerró su mensaje de respaldo al afirmar que: “La UIAF reitera su compromiso en la lucha contra las finanzas del crimen organizado (sic)”.

Minería ilegal en el Bajo Cauca

La zona afectada corresponde a la finca La Mandinga, un predio cercano al batallón con una extensión aproximada de 2.000 hectáreas. Este terreno, que hoy está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras un proceso de extinción de dominio, habría sido ocupado para actividades de minería sin contar con títulos ni autorización legal. Según el Ejército, esta intervención irregular ha provocado un daño ambiental de alta gravedad en el sector.

En medio de las versiones que relacionan la actividad con el Clan del Golfo, ese grupo armado negó cualquier vínculo con los entables mineros y aseguró que no tiene relación con su operación. Por su parte, la fuerza pública indicó que desde 2022 informó a las autoridades judiciales sobre los impactos de esta explotación ilegal y ejecutó más de 20 operativos en la zona.

No obstante, estas acciones provocaron episodios de tensión, incluidos bloqueos en la Troncal de Occidente e intentos de agresión contra uniformados, hechos que actualmente están bajo investigación.

Ministro de Defensa se pronunció sobre estos hechos

Desde su declaración, el jefe de la cartera de Defensa dejó claro que no habrá margen para irregularidades dentro de la fuerza pública: “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”.

“Al mismo tiempo, hemos reforzado los controles y las acciones operativas contra la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas, que financian la violencia generada por los carteles criminales del EGC–Clan del Golfo, ELN y las disidencias de alias Calarcá y alias Mordisco”, agregó Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez aseguró que la lucha contra la minería ilegal se intensificó durante el último año. Según cifras entregadas por el propio funcionario, las autoridades invirtieron cerca de 2.500 minas ilegales y destruyeron alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilícita, lo que representa un incremento superior al 40% frente al año anterior.