La FIP lanzó fuerte alerta por errores que están desordenando la paz total: “Se perdió la brújula”

La discusión sobre seguridad en Colombia volvió a calentarse, esta vez con un llamado directo a revisar las bases de cómo el Estado está enfrentando el conflicto. No se trata solo de ajustar estrategias, advirtieron expertos, sino de replantear el andamiaje institucional que hoy sostiene las decisiones en materia de paz y orden público.

En medio de ese debate, una de las voces que ha puesto el foco en los errores estructurales es María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En entrevista con Blu Radio, la analista trazó un diagnóstico que va más allá de coyunturas recientes y apunta a fallas acumuladas en la forma en que se ha intentado negociar con distintos actores armados.

Su conclusión no deja espacio a ambigüedades. “Lo primero que tenemos que hacer es poner la casa en orden”, afirmó, al referirse a lo que debería ser la prioridad del próximo gobierno antes de lanzar nuevas apuestas en materia de paz o seguridad.

El punto de partida de su análisis es claro, el deterioro del orden público no apareció de la noche a la mañana. Según explicó, responde a problemas que se venían advirtiendo desde hace años, pero que se profundizaron con la implementación de la política de paz total. Para Llorente, uno de los errores clave fue intentar avanzar en múltiples negociaciones simultáneas sin contar con una estructura institucional sólida que las respaldara.

En ese modelo, dijo, faltaron líneas claras y una coordinación efectiva entre las entidades del Estado. La desconexión entre las mesas de diálogo, la fuerza pública, la justicia y la política criminal terminó generando confusión, tanto en los procesos de negociación como en la respuesta frente a los grupos armados en territorio.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue haber intentado manejar bajo un mismo esquema conversaciones con grupos insurgentes y procesos de sometimiento a la justicia con organizaciones criminales. Desde su perspectiva, se trata de escenarios distintos que requieren marcos jurídicos y operativos diferenciados.

Esa falta de claridad, advirtió, también se refleja en la normativa vigente. Llorente describió el marco legal actual como una “colcha de retazos”, resultado de reformas acumuladas que han dejado superposiciones y vacíos. En ese contexto, insistió en la necesidad de redefinir competencias y reglas del Ejecutivo en temas de orden público. “Se perdió la brújula”, señaló.

El debate no es solo conceptual. También pone sobre la mesa la capacidad real del Estado para manejar varios procesos de paz al mismo tiempo. Para la directora de la FIP, el desafío es tanto político como operativo. A su juicio, la institucionalidad no ha estado a la altura de esa apuesta.

Recordó que, en procesos anteriores, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz llegó a contar con mayores capacidades que las actuales. Hoy, en cambio, algunos diálogos han avanzado sin una articulación suficiente con inteligencia, fuerza pública o Fiscalía, lo que limita su efectividad.

En ese sentido, planteó que parte del rediseño pasa por definir con mayor precisión qué procesos deben estar bajo la órbita del comisionado de paz y cuáles deberían tener otro tipo de liderazgo institucional. No todo, dijo, puede manejarse desde el mismo frente.

Más allá de la estructura nacional, Llorente puso el énfasis en el territorio. Según explicó, no es posible pensar en una solución uniforme para todo el país cuando las dinámicas del conflicto son tan diversas. Identificó al menos 14 zonas críticas donde comunidades enfrentan disputas entre dos, tres o incluso cuatro grupos armados.

Allí, consideró, debería concentrarse una intervención prioritaria del Estado. No necesariamente de manera simultánea en todos los puntos, pero sí bajo una estrategia secuencial que permita resultados sostenibles.

Esa intervención, detalló, tendría que combinar varios elementos: protección inmediata a la población civil, recuperación del control territorial, fortalecimiento institucional en regiones clave y un entendimiento más profundo de las economías ilegales que financian a los grupos armados.

El mensaje de fondo es que no basta con abrir nuevas mesas de diálogo o endurecer medidas de seguridad de forma aislada. Sin una estructura clara, coordinada y adaptada a las realidades locales, cualquier política corre el riesgo de quedarse corta frente a la complejidad del conflicto.