Un revuelo político generó la representante y presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, al anunciar la suspensión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, aunque luego revirtió la decisión y remitió el caso a la plenaria de la Cámara para su discusión.
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en X, se refirió a la situación y afirmó que la representante del Pacto Histórico intentó suspenderlo con la supuesta asesoría de Hollman Ibáñez, conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE) que excluyó a Iván Cepeda de la consulta presidencial.
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El pronunciamiento del mandatario colombiano se produjo en respuesta a una publicación del periodista Daniel Coronell, quien reveló que Hollman Ibáñez es el abogado de Gloria Arizabaleta, fue socio del candidato Abelardo de la Espriella y, en calidad de conjuez del CNE, decidió que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no participara en la consulta del 8 de marzo de 2026.
El presidente Gustavo Petro afirmó en su publicación que Hollman Ibáñez “perteneció” a la oficina de un candidato presidencial, en referencia a Abelardo de la Espriella, y que ahora asesora a la representante Gloria Arizabaleta en la iniciativa, según Petro, de suspender el voto que lo llevó a la Presidencia de Colombia en 2022.
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“El abogado Hollman Ibáñez, perteneció a la oficina de un candidato presidencial y asesora a la señora Arizabaleta en su idea de suspender el voto popular del 2022 (sic)”, indicó Petro.
Esta es la segunda vez que el presidente Gustavo Petro se refiere a la situación con Gloria Arizabaleta. Desde Nueva York, Estados Unidos, donde participó en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidades, el mandatario calificó como una “extorsión” la decisión de la representante.
El presidente afirmó que incluso durante procesos complejos, los límites constitucionales permanecen vigentes. “Sobre el presidente, no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución”, declaró.
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Durante su intervención, Petro llevó la discusión hacia la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, señalando que las solicitudes de una congresista a miembros del Gobierno podrían haber funcionado como mecanismos de presión.
“Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones... que las hagan evidentes”, indicó.
El mandatario diferenció las gestiones habituales de los parlamentarios de aquellas conductas que, a su juicio, cruzan el umbral de la legalidad. Reconoció que la legislación permite a los congresistas solicitar acciones para sus regiones, pero advirtió sobre la posibilidad de que estas acciones deriven en delitos.
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“Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”, manifestó.
Petro expuso que el conflicto surgió a raíz de peticiones que él decidió no aceptar, incluso tratándose de una integrante de su propio partido. “Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así. Sé que es volver un gobierno criminal”, afirmó, y agregó que otras personas han actuado de manera similar.
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El presidente anunció que buscará formalizar estas situaciones ante la Corte Suprema de Justicia, para que quede constancia bajo juramento de las solicitudes recibidas. “Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí, no acepto”, expresó.
Al finalizar, reafirmó que no accederá a presiones que contradigan sus principios: “No, no acepto eso porque es contradecir mis propios principios”.
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