Comunidades del Chocó inconformes con el Gobierno Petro por balance de los diálogos con el Clan del Golfo: “Es irresponsable”

La séptima sesión de la Mesa Humanitaria en Belén de Bajirá (Chocó, occidente de Colombia), celebrada el 24 de abril de 2026, que tenía como consigna evaluar los riesgos del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, dejó más inquietudes que respuestas, a raíz de la ausencia de los delegados del Ejecutivo en dicho encuentro.

La jornada, organizada por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y con representación de organismos locales, nacionales e internacionales, se convirtió en un llamado unificado para exigir espacios efectivos de participación y garantías de seguridad ante el poder del grupo armado en esta región del país.

Richard Moreno, director del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), expresó su inconformidad con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que no es la primera vez que se ausentan de este tipo de reuniones. Incluso, el líder comunal, en diálogo con El Espectador, recalcó que los voceros se encontraban en el territorio, tras presentar su informe parcial sobre el estado de la negociación con la organización armada.

“Sí hemos tenido reuniones de grupos muy pequeños, pero no en escenarios como este donde hay representación de diferentes procesos para que le puedan explicar a la gente realmente qué es lo que está pasando, cómo va el proceso, cómo van a participar, cuál es el nivel de avance que tiene. No llegan; le huyen a cualquier tipo de diálogo y discusión y eso es irresponsable”, manifestó al citado medio de comunicación.

Para Moreno, la inasistencia de los voceros del Gobierno representa su “desprecio” ante las comunidades rurales del Chocó que, en sus palabras, están al frente para evitar el recrudecimiento de la violencia en la región.

Por su parte, Zenaida Martínez —integrante del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla— cuestionó el alcance real de los acuerdos entre las partes.

“Muy bonito todos los acuerdos, pero tenemos que seguir reclamando que todos nos veamos incluidos y que todos nos veamos beneficiados. Además de eso, en esos documentos que yo siempre he visto y que hemos escuchado, yo no veo cuál es la reparación ni cuál es el beneficio que las comunidades como tal van a ser beneficiadas“, sostuvo la lideresa en declaraciones citadas por el diario bogotano.

Otras críticas al proceso con el EGC

Entre tanto, Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz), subrayó que el mecanismo tripartito es aún “incipiente” y carece de una metodología clara. Guerrero advirtió sobre el peligro de “legitimar la narrativa de la EGC” ante la falta de verificación independiente y la escasa participación directa de las comunidades.

“Persiste limitación de verificación independiente, riesgo de legitimar la narrativa de la EGC y una participación comunitaria aún débil”, complementó.

La definición de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) constituyó otro punto crítico de la jornada. El subdirector del Cinep alertó que la ubicación de estas áreas, “sin consulta previa y en tierras colectivas de Belén de Bajirá y Unguía”, podría fortalecer el control territorial del grupo armado.

Por otro lado, Mariana Ardila, delegada para la Justicia Transicional y el Derecho a la Paz de la Defensoría del Pueblo, expresó que la defensoría ha presentado 34 recomendaciones y solicitudes al espacio socio-jurídico con el Clan del Golfo, siendo la mayoría relativas al reclutamiento de menores.

“Recordemos que cuando hablamos de ello, no solo tenemos que tener en la cabeza la visión más estricta y limitada de reclutamiento, que es cuando van y sacan a la fuerza de una escuela o de una casa a un niño, niña, adolescente. Pero resulta que el reclutamiento, el uso y la utilización tienen otras formas”, indicó.

Del mismo modo, el alcalde de Belén de Bajirá, Leopoldino Perea, fue contundente en su postura. “El territorio le apuesta a ese proceso de paz, pero ese camino debe ser construido por las comunidades y desde los territorios”, advirtió. A su vez, recordó que esa participación efectiva no existió en procesos anteriores con las extintas Farc o las AUC.

En relación con la falta de garantías de seguridad y la exposición de líderes sociales, la representante legal del Fisch, Elizabeth Moreno, expuso que “ese miedo nos ha llevado al silencio. ¿Cómo evitamos las amenazas? ¿Cómo evitamos la muerte en nuestros territorios? Si no podemos hablar porque el actor siempre está presente”.

El encuentro se realizó tres días después de que el Gobierno, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) y el EGC presentaran un informe sobre los avances del espacio socio jurídico, en el que se destacó que el grupo armado mencionó que no haya reclutado menores de edad en sus filas. Sin embargo, este diagnóstico difiere de la percepción y experiencia de los actores sociales en el territorio.

La jornada concluyó con una advertencia unánime: si no hay participación real de las comunidades, garantías de seguridad y diálogo efectivo, existe el riesgo manifiesto de repetir errores del pasado y de que la paz quede supeditada a decisiones centralizadas y externas frente a aquellos que sufren la violencia.

Hasta el momento, la delegación del Gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre la inasistencia al encuentro con las comunidades del departamento del Chocó.