Una enfermera de 29 años, identificada como Adriana Franco Rodríguez, fue capturada dentro del hospital La Merced de Ciudad Bolívar, Antioquia, tras una investigación que la vincula con el ingreso de drogas a los calabozos de la estación de policía de la localidad.
Las autoridades determinaron que, mediante su participación en brigadas de salud, la profesional habría aprovechado su acceso autorizado para introducir sustancias estupefacientes a miembros de la banda criminal Carne Rancia, lo que derivó en su reclusión en la cárcel Pedregal de Medellín por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, según confirmaron agentes de la Policía de Antioquia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).
Durante los procedimientos de atención médica a personas privadas de la libertad, la enfermera Franco Rodríguez habría utilizado su relación directa con los detenidos para entregarles, de forma encubierta y en pequeñas cantidades, los estupefacientes.
El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, explicó al respecto: “La capturada, al parecer, aprovechaba su rol en brigadas de salud realizadas en la estación de policía para ingresar sustancias estupefacientes, las cuales posteriormente eran comercializadas a personas privadas de la libertad, obteniendo beneficios económicos”.
El análisis de la evidencia llevó a los investigadores a verificar que no actuaba de manera aislada. Según la hipótesis de la Policía y la Fiscalía, Franco Rodríguez coordinaba sus movimientos con internos vinculados a la organización delictiva Carne Rancia, que opera en el suroeste antioqueño bajo el liderazgo de Andrés Felipe Morales Marín, alias Carne Rancia.
El grupo cuenta además con redes externas: las autoridades investigan si el enlace directo para la distribución era un hombre conocido como alias Minorco, de 24 años, que fue capturado el 5 de julio de 2023 como integrante de esta facción en el barrio El Manzanillo y recuperó la libertad apenas dos semanas antes del arresto de la enfermera.
Las investigaciones se desarrollaron a lo largo de varios meses. De acuerdo con el coronel Muñoz, los seguimientos sobre Franco Rodríguez comenzaron en noviembre de 2023, cuando agentes identificaron movimientos irregulares durante las brigadas de salud.
Las pruebas recabadas incluyeron inspección de visitas, identificación de beneficiarios y vigilancia discreta para documentar el supuesto ingreso de drogas.
Al momento de su captura dentro del hospital, a Franco Rodríguez le fue incautado un teléfono celular, que ahora forma parte de las pesquisas con el fin de rastrear posibles comunicaciones o coordinaciones con los miembros de la banda delictiva.
La funcionaria pública era contratista del hospital La Merced y además realizaba visitas a domicilios y entidades públicas o privadas para actividades de salud, lo que le otorgaba un margen de movilidad que, según las autoridades, se utilizó en beneficio de la estructura criminal.
Tras la legalización de la captura y la imputación de cargos, la mujer fue enviada con medida de aseguramiento a la cárcel Pedregal de Medellín.
El despacho judicial valoró “la gravedad de los hechos, su rol como servidora pública y el riesgo para el proceso”, evaluando la magnitud del daño institucional causado por el uso indebido de su cargo para vulnerar los controles carcelarios.
Las autoridades describieron el canal de microtráfico desmantelado como un esquema capaz de generar ingresos significativos a partir de la adicción de la población carcelaria y la comercialización de drogas en un entorno donde los controles buscan evitar que estas sustancias lleguen a los detenidos.
La acción encubierta de la enfermera, bajo el alias de La Chola, estuvo encubierta durante meses hasta que la acumulación de pruebas permitió la judicialización.
Las conductas investigadas por la Fiscalía y la Sijín causaron el rechazo institucional en el municipio, dado que el acceso al sistema de salud pública fue instrumentalizado para beneficiar actividades ilegales.
La estructura criminal Carne Rancia fue señalada como la organización que recibía las sustancias y administraba su distribución intramural, lo cual generaba réditos económicos y afectaba la convivencia al interior de la estación de policía.
Este caso pone de manifiesto cómo la infiltración de redes de microtráfico dentro de instituciones públicas puede modificar los esquemas de seguridad e impactar la confianza en las entidades encargadas del cuidado y la rehabilitación de los reclusos.
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