Moody’s redujo la calificación crediticia global de Ecopetrol y modificó su perspectiva de estable a negativa, citando como principal causa la intensificación de la injerencia política del gobierno de Colombia en la administración de la petrolera estatal.
La medida refleja inquietudes sobre la previsibilidad del respaldo financiero del accionista mayoritario y el debilitamiento de la autonomía corporativa de la compañía, según documentación obtenida por El Tiempo.
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La agencia estadounidense tomó esta decisión al rebajar la nota de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 y cambiar la calificación individual (BCA) a b1, argumentando riesgos asociados tanto al control político del gobierno como a la incertidumbre en el cumplimiento de pagos estatales y las recientes modificaciones en la alta dirección de la empresa.
Moody’s advirtió que las condiciones actuales aumentan la vulnerabilidad financiera y de gobernanza, pudiendo afectar la operación, la liquidez y futuras adquisiciones del conglomerado energético.
Los factores de riesgo político y la influencia estatal en Ecopetrol
Moody’s Ratings subrayó que “la interferencia gubernamental es un elemento fundamental de la rebaja de la calificación y una menor previsibilidad y puntualidad de los mecanismos de apoyo”.
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El informe de la calificadora estimó que la “política gubernamental añade dos escalones al riesgo financiero de la empresa”, lo que provocó la degradación desde Ba1 a Ba2.
De acuerdo con la agencia, la calificación crediticia de Ecopetrol sería dos escalones más alta de no existir el control estatal sobre la compañía.
Moody’s señaló además que la relación actual con el gobierno ya no actúa como un elemento de respaldo, sino como un factor que incrementa la percepción de riesgo ante los inversionistas y encarece la financiación en los mercados internacionales.
Condiciones financieras y perspectivas para Ecopetrol tras la rebaja de Moody’s
Moody’s identificó problemas de liquidez relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), dado que el gobierno debía liquidar cerca de 1.6 billones de pesos (unos USD 439 millones) a la empresa por el primer trimestre de 2025.
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Sin embargo, únicamente entregó el 0,2% en efectivo y el resto mediante títulos de tesorería con vencimiento a ocho meses.
Esta modalidad debilita la visibilidad sobre el flujo de caja de corto plazo y genera preocupación sobre la capacidad de Ecopetrol para afrontar atrasos si los precios domésticos de los combustibles no se ajustan a la paridad internacional.
Moody’s advirtió que la situación puede agravarse si los valores globales del petróleo se mantienen altos y los precios internos no suben al mismo ritmo.
El informe prevé que el flujo de caja libre negativo persista en 2026, lo que, sumado al gasto de capital, altos dividendos y posibles demoras en los cobros relacionados con el Fepc, podría desembocar en una liquidez más ajustada durante 2026 y 2027. Además, Moody’s señaló el riesgo de nuevas adquisiciones financiadas con deuda de corto plazo, como la compra de Brava Energía en Brasil, que sobrepasó los 1.000 millones de dólares.
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El reporte de Moody’s, resalta como factor importante la elevada rotación ejecutiva en Ecopetrol en los últimos doce a dieciocho meses. Los cambios recientes en la alta gerencia y la dirección refuerzan, según la calificadora, la percepción de exposición al riesgo de gobierno corporativo vinculado a la influencia estatal.
Moody’s advirtió que la proximidad temporal de estas sustituciones amplifica la evaluación de riesgo por intervención política. El caso del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán es relevante: sobre él pesan nuevas imputaciones penales por presuntas violaciones de topes electorales en la campaña presidencial 2022-2026 y acusaciones de tráfico de influencias y otras operaciones privadas.
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Aunque la calificadora no anticipa interrupciones inmediatas en las operaciones de la empresa, sostiene que estas condiciones contribuyen a mantener la perspectiva negativa sobre la estabilidad y el gobierno corporativo de la petrolera.
Con la decisión de Moody’s, el vínculo entre Ecopetrol y el Estado se ha transformado de respaldo a fuente de vulnerabilidad. Esto redefine la relación entre la gestión pública y la estabilidad financiera de la principal compañía energética de Colombia.
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