El presidente Gustavo Petro convocó una movilización nacional para el próximo primero de mayo bajo la bandera del poder constituyente y la defensa de derechos sociales.
Sin embargo, la agenda pública se ha visto sacudida por las explosivas denuncias de Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, quien señaló la existencia de una red de corrupción, espionaje y extorsión en el corazón del Gobierno.
El caso de Rodríguez, que involucra a más de veinte altos funcionarios y personas del círculo presidencial, amenaza con eclipsar la convocatoria oficialista en las calles.
En medio de este panorama, el economista y fórmula presidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, ironizó en redes sociales sobre la coyuntura política.
“Damas y caballeros… presten atención: en este acto, haré desaparecer un escándalo de corrupción… y en su lugar, aparecerá una marcha”, escribió Oviedo, aludiendo a la percepción de que el Gobierno estaría intentando desviar la atención mediática de las acusaciones contra sus funcionarios.
Petro llama a marchar por la Constituyente y reformas sociales
A través de un extenso mensaje, Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a movilizarse “en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia” este primero de mayo.
El jefe de Estado propuso una agenda centrada en dos ejes: protestar contra el alza de la tasa de interés y proclamar el poder ciudadano constituyente, con el objetivo de recoger firmas para entregar al Congreso el 20 de julio una solicitud de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Petro aclaró que la Asamblea “no cambiará la Constitución de 1991, sino le agregará y aclarará los textos que han sido bloqueados por sectores que no quieren el Estado Social de Derecho en Colombia”.
El presidente detalló que el proceso busca destrabar reformas sociales largamente debatidas en el Congreso y ampliarlas en la carta magna.
El mandatario planteó varias prioridades para la Constituyente, entre ellas, una reforma a la salud que “quite intermediarios corruptos y permita la inmediata atención de la persona enferma”, potencie el sistema preventivo y fortalezca la red pública hospitalaria. Además, propuso que el agua potable y la nutrición sean prioridades presupuestales.
En materia pensional, Petro subrayó la necesidad de una reforma que “garantice el derecho a la pensión a todas las personas que trabajen y cumplan con los tiempos”, así como la instauración de un “salario vital y móvil” y la reducción de la jornada laboral conforme al aumento de la productividad. Para el presidente, el trabajo debe contar con “estabilidad por orden constitucional”.
Sobre justicia, el mandatario sostuvo que se mantendría la actual Corte Constitucional y su sistema de elección, pero insistió en la urgencia de una reforma para “acabar la impunidad”.
En el área de servicios públicos, propuso “acabar con la especulación tarifaria en la energía eléctrica, el agua potable y el servicio de aseo”, e instituir el derecho al agua.
Petro también incluyó en su propuesta la reforma del régimen político para “acabar la corrupción y el clientelismo”, y crear un árbitro electoral y una registraduría con mayor transparencia. En su mensaje, fue enfático: “El delito de corrupción será el delito más castigado en Colombia, y se pagará en las cárceles del país”.
El presidente remarcó la necesidad de modificar las instituciones económicas para garantizar la independencia del Banco de la República, con políticas antiinflacionarias coordinadas con el crecimiento y el empleo.
Finalmente, planteó que el derecho a la educación preescolar y superior sean garantizados desde la Constitución, y que “la prioridad presupuestal en el gasto social debe ser la niñez”.
El ‘revolcón’ que causaron las declaraciones de Angie Rodríguez
La denuncia de Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación, ha desencadenado un terremoto político en el Gobierno de Gustavo Petro. Rodríguez sostiene que existe una red de corrupción, espionaje y extorsión integrada por más de veinte altos funcionarios y personas cercanas al presidente.
Relató a Semana que ha sido víctima de campañas para desprestigiarla, con acusaciones de vínculos con paramilitares y delitos como contrabando y tráfico de fentanilo, rumores que, según ella, “llegaron a ser creídos por el propio presidente”.
Rodríguez denunció extorsiones concretas, detallando que le exigieron “veinte de los grandes” (20 millones de pesos) bajo amenazas directas a su integridad y la de su hijo: “Yo me llené de pánico, me imaginé lo peor. Yo dije, me van a pegar un tiro, o a mi hijo van a ir a buscarlo al colegio”. Finalmente, accedió a consignar el dinero.
Entre los señalados figuran Carlos Carrillo, Juliana Guerrero, Raúl Moreno, Mariela Barragán y Nhora Mondragón. Rodríguez afirmó haber escuchado a Carrillo decir: “La voy a joder por bocona”. Además, responsabilizó a Guerrero de cualquier atentado contra su vida y la acusó de controlar recursos clave del Estado.
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