
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato y definitivo de cuatro aplicaciones de crédito muy utilizadas por los colombianos que, según la entidad, usaban datos personales de sus clientes para presionarlos cuando se atrasaban en los pagos.
Se trata de Popcash, Eastbay, Movil Crédito y Vida Luja, plataformas administradas por la sociedad ConstruirComundo S.A.S., actualmente en liquidación. La decisión quedó consignada en la Resolución 6717 de 2026, luego de una investigación administrativa que comenzó en agosto de 2022.
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De acuerdo con la SIC, el proceso reunió más de 1.500 denuncias de ciudadanos de distintas regiones del país que aseguraron haber sido afectados por estas prácticas.
Según el comunicado oficial, las aplicaciones ofrecían préstamos, pero los usuarios denunciaron que “otorgaban créditos por montos inferiores a los aprobados, imponían plazos de pago de apenas siete días y aplicaban intereses” que calificaban como altos.
El problema más grave aparecía cuando la persona no pagaba a tiempo. Incluso con un retraso de un solo día, comenzaba un mecanismo de cobro que, según la entidad, iba más allá de lo permitido por la ley.
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La SIC explicó que, aprovechando los permisos que el usuario aceptaba al instalar la aplicación, la empresa accedía al directorio de contactos del celular y a información sensible como fotografías. Luego, enviaba mensajes por WhatsApp a familiares, amigos y compañeros de trabajo del deudor.
En varios casos, esos mensajes incluían imágenes editadas de la cédula de ciudadanía y del rostro del usuario, acompañadas de textos que lo señalaban como deudor o incluso como responsable de fraude.
Una de las denuncias citadas por la entidad señaló: “Recibí un mensaje con una foto editada de mi cédula, una selfie y un pantallazo de mis contactos recientes; las primeras dos tenían un texto que indicaba ‘soy una mala paga, hago préstamos en apps y no pago’”.
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Para la SIC, esto constituyó una violación grave a la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en Colombia.

La investigación concluyó que hubo “tratamiento inadecuado de datos personales sensibles”, especialmente de fotografías y otra información privada, sin contar con autorización previa, expresa e informada de los titulares.
Además, la Superintendencia indicó que los usuarios “nunca fueron informados acerca de la finalidad real para la cual se recopilaría su información ni de los derechos que les asistían”.
Otro punto señalado fue la actitud de la empresa durante la investigación. Según la SIC, las respuestas entregadas por la compañía frente a los requerimientos oficiales fueron “evasivas, dilatorias e injustificadas, incumpliendo su deber legal de atender a la autoridad de control.
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La entidad también precisó que el vínculo entre Construir Comundo S.A.S. y las cuatro aplicaciones fue confirmado por la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso adelantado.
Frente a estos hallazgos, la directora de Investigaciones de Protección de Datos Personales, Carolina García Molina, determinó que la sanción correspondiente era “el cierre inmediato y definitivo de todas las operaciones que involucren tratamiento de datos sensibles”.

La SIC explicó que, por la gravedad de los hechos, también era posible imponer una multa económica de hasta 2.000 salarios mínimos, como lo permite la ley. Sin embargo, la empresa está en proceso de liquidación judicial desde septiembre de 2022, por lo que la entidad consideró que cobrar esa sanción sería ineficaz.
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En la resolución, la Superintendencia advirtió que “la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales no es una cuestión de poca trascendencia”, porque no solo afecta a las víctimas directas, sino que pone en riesgo derechos fundamentales de toda la sociedad.
La entidad también aprovechó para recordar varias recomendaciones antes de descargar una aplicación de crédito. Entre ellas, revisar con detalle los permisos que solicita en el celular, desconfiar de plataformas que exijan acceso a contactos o galería de fotos como condición para prestar dinero, leer la política de tratamiento de datos personales y evitar compartir información sensible sin garantías claras de seguridad.
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Además, pidió a los ciudadanos estar atentos ante cualquier práctica de presión, amenaza o uso indebido de su información personal, recordando que toda persona tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización sobre el uso de sus datos.
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