Gobierno endurece postura por crisis de Air-e y lanza advertencia que inquieta a todo el Caribe

La tensión por el futuro del servicio eléctrico en la región Caribe volvió a escalar. En medio de la crisis financiera que enfrenta Air-e, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió públicamente a defender las decisiones del Gobierno y aseguró que seguirá interviniendo dentro de sus competencias para evitar un deterioro mayor del sistema.

Sus declaraciones llegaron luego de que la cartera anunciara una resolución con la que busca reglamentar el cobro de una sobretasa de $8 por kilovatio-hora transportado a los estratos altos. La medida pretende generar recursos para aliviar parte de la presión económica que hoy soporta la empresa.

El debate no es menor. Air-e presta el servicio en una zona históricamente golpeada por problemas de infraestructura, altas pérdidas, tarifas sensibles para los usuarios y dificultades financieras acumuladas durante años.

A través de una publicación en X, Palma lanzó un mensaje directo sobre la controversia que rodea a la compañía y sobre los cuestionamientos que recibió por su manejo del caso. “Aunque los dueños de Aire me tengan sometido a un acoso judicial, no voy a dejar de trabajar, en el marco de mis competencias, por el derecho a la energía para el pueblo del Caribe”, expresó el ministro.

Luego añadió que “el derecho a la energía para el pueblo del Caribe está por encima de cualquier presión”. Con esas palabras, el jefe de la cartera dejó claro que no dará marcha atrás en las medidas que considera necesarias para proteger la continuidad del servicio en la región, donde cualquier falla tiene impacto directo en hogares, comercio e industria.

Palma sostuvo además que, durante la intervención de la compañía, el Gobierno promovió señales regulatorias para facilitar la operación de Air-e. No obstante, aclaró que una eventual liquidación de la empresa no depende de su despacho, sino de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La posibilidad de ese escenario genera inquietud en la Costa Caribe, donde persiste el temor por una transición desordenada o por nuevos episodios de inestabilidad en la prestación del servicio. Más allá de la coyuntura inmediata, el ministro insistió en que la región requiere una solución estructural y no solo respuestas temporales. Según explicó, cualquier salida definitiva demandará recursos importantes y cambios de fondo en el modelo energético.

En ese contexto, mencionó iniciativas como Colombia Solar y la generación distribuida como herramientas clave para transformar el sistema eléctrico caribeño. La apuesta apunta a una mayor producción local de energía, reducción de costos y menor dependencia de esquemas tradicionales. También destacó avances recientes en energías limpias. Señaló al Atlántico como uno de los departamentos líderes en generación solar y anticipó anuncios relevantes en La Guajira, territorio considerado estratégico por su potencial eólico y solar.

El desarrollo de esa zona es visto por expertos como una oportunidad para fortalecer la matriz energética nacional y convertir al Caribe en un eje de producción renovable. En el frente político, Palma cuestionó al Congreso por no tramitar proyectos de financiamiento que, según dijo, estaban diseñados para atender varias necesidades, entre ellas el pago de subsidios de energía.

La crítica se produce en un momento en que los subsidios siguen siendo determinantes para millones de usuarios de menores ingresos, especialmente en regiones donde las tarifas tienen fuerte impacto sobre la economía familiar. Ante ese panorama, el ministro advirtió que será necesario que los sectores con mayor capacidad económica contribuyan a mitigar los efectos de una posible crisis.

Otro de los puntos más delicados de su pronunciamiento fue la advertencia sobre una “crisis sistémica cercana”. Según señaló, el riesgo podría aumentar si se intensifica el fenómeno de El Niño, históricamente asociado a presiones sobre generación, precios y abastecimiento.

La alerta revive preocupaciones sobre la capacidad del sistema eléctrico nacional para responder a escenarios climáticos extremos y tensiones financieras simultáneas. Palma también atribuyó parte del problema actual al modelo de operación privada del mercado energético. Sin mencionar nombres específicos, cuestionó a actores que hoy critican la situación pese a haber participado durante años en ese esquema.

Respecto a Air-e, planteó una hoja de ruta centrada en mejorar la gestión comercial y financiera de la compañía. Para ello insistió en la necesidad de contratar energía a largo plazo y reducir la exposición al mercado spot, donde los precios pueden ser más volátiles. “Air-e debe hacer el esfuerzo de contratar energía para los años siguientes y las empresas públicas que generan deben ser sus principales proveedoras. Reducir su exposición a bolsa es necesario para impedir el aumento de deudas con el mercado mayorista”, finalizó.