
El anuncio de un aumento extraordinario del salario mínimo por parte del presidente Gustavo Petro como respuesta a un incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, sigue generando fuertes choques en el país.
De hecho, el jefe de Estado volvió a aparecer en la mañana del jueves 23 de abril para cuestionar la versión entregada por María Elena Ospina, presidenta de Acopi, sobre la falta de capacidad de Petro para ordenar el incremento extraordinario.
“El presidente podrá defender políticamente esa tesis, pero hoy él no tiene la facultad ordinaria para volver a subir ese salario mínimo a mitad de año por simple voluntad, porque la Constitución es muy clara y habla de un salario mínimo vital, sí, pero también exige la concertación y la fija en un periodo anual, y esa concertación ya se dio”, comentó la líder en diálogo con Caracol Radio.
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Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro aseguró que sí cuenta con las facultades para defender el salario mínimo y el poder adquisito de los colombianos, además de enviar un claro mensaje a las pequeñas y medianas empresas.

El mandatario reconoció que serían las más afectadas aunque un nuevo incremento salarial, por lo que pidió a los propietarios acogerse a sus estrategia para fortalecer la producción local sobre las importaciones.
“La Constitución ordena salario vital y móvil y la cumplimos. La facultad es constitucional. Lo que le sugiero a los pequeños empresarios hacer es propiciar el pacto social que el gobierno propuso desde el principio para ampliar la producción, el trabajo y la equidad. A la pequeña industria en Colombia le interesa es tasas de interés bajas, energía eléctrica baja y demanda mayor por el incremento del ingreso de la sociedad”, señaló el presidente en su cuenta de X.
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La respuesta del jefe de Estado se da después de que se contemplara la posibilidad de un nuevo aumento extraordinario del salario mínimo, encendiendo las alarmas entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan dificultades por el encarecimiento del crédito y la presión inflacionaria.
El escenario propuesto por el Gobierno, que plantea un ajuste adicional, es percibido como una amenaza directa a la sostenibilidad de este segmento, que representa el 99,5% del tejido empresarial nacional.

La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, advirtió que una decisión unilateral del Ejecutivo para modificar el salario mínimo fuera del proceso anual de concertación “pondría a las Mipyme contra la espada y la pared”. Según sus palabras, la combinación de “un crédito caro, altas tasas de interés y una caja bien apretada” dejaría a las empresas con menos capacidad para contratar, invertir y sostener su actividad formal.
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En caso de concretarse un nuevo incremento salarial este año, las pequeñas y medianas empresas tendrían que absorber un aumento inmediato en sus costos laborales, lo que podría traducirse en una contracción de la contratación formal y un salto en la informalidad. Ospina advirtió en su entrevista a Caracol Radio que el “gran riesgo de toda esta situación es la informalidad”, fenómeno que ya considera estructural en el país.
Actualmente, las empresas asociadas a Acopi ya enfrentan un entorno adverso: la tasa del Banco de la República se sitúa en el 11,25% y la inflación anual en marzo alcanzó el 5,56%.
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A este panorama se suma la inquietud por la pérdida de unos 500.000 empleos en sectores como el agropecuario, el comercio y el turismo. Aunque las cifras globales de desempleo no han mostrado variaciones drásticas, Ospina explicó que “hay sectores que han perdido aproximadamente quinientos mil empleos… no se han renovado los contratos y mucha gente sí se ha quedado sin trabajo”.
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