
En la mañana del jueves 23 de abril, el representante a la Cámara Wadith Manzur presentó su renuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en medio del proceso que se adelanta en su contra por presuntos actos de corrupción.
El dirigente conservador, que había logrado la reelección en los recientes comicios de marzo, se encuentra actualmente privado de la libertad por su presunta implicación en el caso de desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El hecho se produce apenas dos días después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara una inspección a la Comisión de Acusación. El objetivo de esta diligencia es revisar el avance de los procesos que involucran al presidente, en particular, el expediente sobre la presunta violación de los límites de financiación electoral.
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De acuerdo con la carta que presentó, Manzur argumentó que su salida busca “facilitar la adecuada organización interna de la corporación”. También informó que el cupo que deja en la Comisión queda disponible para que otro integrante del Partido Conservador lo ocupe, según los criterios de representación política vigentes.

El representante formaba parte de la instancia que actualmente tramita denuncias de alto perfil, incluida la que involucra la campaña del presidente Gustavo Petro.
La decisión del congresista conservador responde formalmente al interés de no entorpecer la redistribución interna de funciones dentro de la corporación. En su mensaje de despedida, Manzur agradeció la confianza depositada durante su periodo como miembro del organismo investigador.
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“Así mismo, dejo constancia de que el espacio que venía ocupando en dicha Comisión queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes.Agradezco la confianza depositada durante el tiempo en que ejerci como miembro de esta Comisión”, señala la carta de renuncia.
Recusaciones frenan decisión sobre detención de Wadith Manzur y Karen Manrique por caso Ungrd
El avance de las recusaciones interpuestas por las defensas de Wadith Manzur y Karen Manrique ha postergado la decisión sobre la detención de los congresistas señalados por el presunto saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La medida afecta de manera inmediata la resolución de los recursos de impugnación presentados contra la acusación formal de seis congresistas y la privación de libertad de dos de ellos.
Actualmente, Manzur permanece detenido en la Escuela de Carabineros de Bogotá, mientras que Manrique está bajo custodia en una guarnición militar de Malambo, Atlántico. Ambos enfrentan cargos dentro de la investigación por su supuesta vinculación con la red de corrupción en la Ungrd.
La defensa de Manzur solicitó apartar al magistrado Héctor Javier Alarcón del caso, alegando dudas sobre su imparcialidad. El documento central de la recusación señala que Alarcón fundamentó la detención preventiva en un riesgo para la comunidad, apoyándose en un informe incautado en el domicilio de una exasesora.
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Según la defensa, ese informe no menciona en ningún momento a Manzur, sino a otros congresistas, como Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. No obstante, solo Manzur y Manrique recibieron la medida de aseguramiento.

Además, el equipo legal de Manzur cuestiona que el magistrado haya cambiado de postura respecto a una decisión previa del 24 de julio de 2025, cuando se opuso a la privación de libertad. Para los abogados, este giro carece de motivación suficiente y se apoya en “anomalías valorativas”, especialmente porque la Sala había descartado en 2025 la existencia de vínculos criminales entre los implicados.
Otro de los argumentos presentados resalta que el magistrado Alarcón interpretó una frase atribuida a Manzur durante una conversación con María Alejandra Benavides —“ahí no hay nada”— como una posible injerencia en una declaración.
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La defensa subraya que dicha reunión ocurrió en un lugar público y a iniciativa de Benavides, y contrasta este hecho con la omisión del magistrado respecto a una visita de Bitar, en la que habría solicitado eliminar conversaciones de WhatsApp, un episodio que, según el expediente, no tuvo repercusiones procesales.
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