Gustavo Petro arremetió de nuevo contra la codirectora del Banco de la República por aumento en las tasas de interés: “Solo favorece a banqueros”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una nueva arremetida contra la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, luego del respaldo que esta recibió por parte de empresarios y expertos durante el Congreso Asofondos 2026 en Cartagena.

El mandatario cuestionó el aumento de las tasas de interés aprobado por la junta del Emisor y aseguró que esta decisión “solo favorece a los banqueros” y a los dueños de fondos privados de pensiones.

La reacción de Petro se dio tras el “monumental aplauso” que recibió Acosta en el evento, donde defendió la independencia del Banco de la República como un mecanismo clave para proteger la economía de decisiones políticas de corto plazo.

Sin mencionarlo directamente, la codirectora sostuvo que la autonomía del banco central es fundamental para evitar que los gobiernos utilicen la política monetaria de manera que termine generando inflación y afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

En respuesta, el presidente sostuvo que no le sorprendía que los dueños de fondos privados de pensiones aplaudieran a Acosta, recordando que ella forma parte de la junta que votó por elevar las tasas.

En su pronunciamiento, Petro planteó que quienes se benefician de estas decisiones son los banqueros propietarios de dichos fondos, al tiempo que cuestionó que el sistema pensional dependa de variables de corto plazo como la tasa de interés.

El mandatario insistió en que la base real de las pensiones está en la producción y la productividad de la economía, y advirtió que el incremento en las tasas de interés afecta directamente esos factores.

Según su visión, encarecer el crédito frena la actividad productiva y reduce las posibilidades de garantizar pensiones sostenibles a largo plazo, mientras que los principales beneficiados son los actores especulativos del sistema financiero.

En esa línea, Petro fue más allá al señalar que incluso los sectores productivos que respaldan el aumento de tasas estarían actuando en contra de sus propios intereses económicos. Además, planteó que la orientación de la junta directiva del Banco de la República puede cambiar mediante el voto ciudadano, eligiendo gobiernos que prioricen la producción y el trabajo por encima de la especulación.

El choque entre el Ejecutivo y el banco central se produce en un contexto de creciente presión sobre las finanzas públicas. Durante el mismo Congreso Asofondos 2026, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla advirtió sobre los riesgos del endeudamiento del país y planteó la necesidad de un ajuste fiscal.

Incluso habló de un eventual “sustico fiscal” como mecanismo para obligar a Colombia a corregir su rumbo, al comparar la situación con un fumador que ignora los efectos de su hábito.

Las declaraciones de Carrasquilla fueron interpretadas por Petro como una señal de que sectores de la oposición estarían dispuestos a provocar una crisis para frenar las reformas sociales de su gobierno. “Quieren una crisis fiscal”, afirmó el mandatario, quien también vinculó el aumento de tasas a una estrategia política y financiera en su contra.

El trasfondo de este debate está en las cifras del Plan Financiero 2026, que evidencian el peso creciente de la deuda pública. Según el documento, el pago de intereses alcanzará los 90 billones de pesos en 2027, lo que representa cerca del 73% del servicio total de la deuda. Esta cifra se acerca al presupuesto de educación, estimado en 91,6 billones, y supera el destinado a salud y protección social, que asciende a 81,3 billones.

Este escenario limita significativamente la capacidad de inversión del Estado, proyectada en apenas el 13,8% del gasto total, y refleja la alta dependencia del endeudamiento para financiar el funcionamiento del Gobierno.

De hecho, el plan también estima un déficit fiscal del 5,1% del PIB y un faltante superior a los 100 billones de pesos, lo que obliga a recurrir a mayores desembolsos de crédito.

Para los analistas, el principal riesgo radica en la vulnerabilidad del país frente a cambios en el entorno internacional. Un aumento en las tasas globales o una menor demanda por deuda colombiana podría encarecer aún más el financiamiento y obligar a ajustes drásticos en el gasto público.

En ese contexto, la política monetaria del Banco de la República adquiere un papel determinante. Mientras el banco central defiende el aumento de tasas como una herramienta necesaria para controlar la inflación y preservar la estabilidad macroeconómica, el Gobierno insiste en que esta estrategia termina afectando la producción y el bienestar social.