
El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo. El excanciller es investigado por irregularidades en el proceso de licitación mediante el cual se definiría el suministro de los pasaportes en Colombia.
“La Sala declara formalmente acusado al doctor Álvaro Leyva Durán, anterior ministro de Relaciones Exteriores, como autor del concurso eventual de prevaricato por acción”, precisó la jueza.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario profirió tres actos administrativos que eran contrarios a la ley, con el fin de “obstruir” la licitación 001 de 2023, adelantada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
El concurso público tenía por objeto definir qué empresa se encargaría de la “expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026″ y de la impresión y entrega de etiquetas de visa colombiana. El valor de esa licitación era de $559.000 millones.
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Cronología de los hechos
El excanciller Álvaro Leyva puso freno a la licitación pública mediante la cual se definiría qué empresa se encargaría del suministro de los pasaportes en Colombia, pese a que, luego de que se agotaran todas las etapas del proceso, el comité evaluador estableció que había un proponente habilitado para la adjudicación del contrato: la Unión Temporal Pasaportes 2023, que cumplía todos los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje.
Sin embargo, el 13 de septiembre de ese año, el hoy acusado profirió la Resolución No. 7485, a través de la cual declaró desierta la licitación. La justificación de esta decisión fue la presunta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad en el proceso.
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“Con esta decisión se garantizan (...) los derechos de los eventuales proponentes que pudieron haber participado en este proceso, a la libre concurrencia y a la igualdad de trato y de oportunidades, y especialmente al derecho de unos y otros a la dignidad humana”, indicó la Cancillería en un comunicado en el que informó sobre la declaratoria establecida por la cartera.
El representante del proponente que se quedaría con el contrato interpuso un recurso de reposición. Entonces, al día siguiente (14 de septiembre), el excanciller expidió la Resolución No. 7540, mediante la cual mantuvo la declaratoria de desierto.
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Y ese mismo día, emitió otro acto administrativo (Resolución No. 7541). “Leyva Durán emitió una nueva resolución para declarar la urgencia manifiesta y así permitir que el contrato de pasaportes fuera asignado de manera directa, sin licitación y participación de otros aspirantes. Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, Leyva Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes”, detalló la Fiscalía en un comunicado.
El ente acusador asegura que los argumentos de la Cancillería para declarar desierta la licitación no constituían un fundamento legal suficiente para impedir la adjudicación del contrato a la Unión Temporal Pasaportes 2023. Además, afirma que la cartera tampoco cumplió con los presupuestos legales exigidos para declarar la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Por eso, imputó y acusó formalmente a Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, reconoció como víctima al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y deberá convocar a las partes e intervinientes para la celebración de la audiencia preparatoria de juicio, que es la siguiente etapa procesal que se adelantará para definir la situación jurídica de Leyva.
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