El número de acciones de tutela para reclamar el derecho a la salud en Colombia registró un incremento marcado entre 2024 y 2025.
Según la Defensoría del Pueblo, las quejas por fallas en la atención médica pasaron de más de 265.000 a cerca de 312.500, lo que equivale a un aumento del 17,92% en solo un año. Esta tendencia, presentada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2026), refleja que el acceso a servicios, medicamentos y tratamientos todavía enfrenta obstáculos significativos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que el 34% del total de tutelas presentadas en el país busca proteger el derecho a la salud. La alta proporción de estos recursos demuestra que, para miles de personas, la vía judicial se mantiene como principal —y muchas veces única— alternativa para recibir atención oportuna.
En la mayoría de los casos, las tutelas son concedidas, con una tasa de éxito del 74,3%, lo que confirma la existencia de vulneraciones reales de derechos.
Acceso desigual y barreras estructurales
El diagnóstico de la Defensoría del Pueblo indica que la judicialización masiva de la salud responde a barreras estructurales en el sistema. Estas incluyen demoras en la asignación de citas médicas, negación de medicamentos y trabas para acceder a procedimientos especializados.
El fenómeno no afecta por igual a todas las regiones del país. Departamentos como Vichada, La Guajira y Chocó, con altos índices de pobreza, presentan tasas más bajas de tutelas. Según la entidad, esto no significa mejores condiciones, sino mayor dificultad para acceder tanto a servicios de salud como a la justicia.
“Las poblaciones más vulnerables enfrentan una doble exclusión: dificultades para recibir atención médica y para recurrir a la justicia”, indicó la Defensoría. Por el contrario, regiones con mejores indicadores socioeconómicos reportan tasas más altas de judicialización, debido a una mayor facilidad para presentar tutelas.
Enfermedades más recurrentes en las tutelas
La revisión de las tutelas evidencia que, las enfermedades del sistema circulatorio encabezan las solicitudes, representando el 12,2% de los casos. Les siguen trastornos osteomusculares, neurológicos y endocrinos, con la hipertensión como diagnóstico más frecuente. Además, se observa un número elevado de tutelas asociadas a condiciones de salud mental, como ansiedad, autismo y depresión.
El informe de la Defensoría del Pueblo señala que los diagnósticos de mayor complejidad, entre ellos el cáncer y enfermedades neurológicas graves, aparecen sobrerrepresentados.
Los casos relacionados con estas patologías implican costos que superan en promedio en un 20% los de la atención general, lo que evidencia barreras adicionales para quienes requieren tratamientos complejos.
Sujetos de especial protección y crisis en el sistema penitenciario
Un dato relevante del informe es que el 39,57% de las tutelas corresponden a sujetos de especial protección constitucional. Este grupo incluye personas con enfermedades graves (35,30%), adultos mayores (24,65%) y personas con discapacidad (15,37%).
Además, la población privada de la libertad presenta las tasas más altas de judicialización, lo que pone de manifiesto graves deficiencias en la atención de salud al interior del sistema penitenciario.
La Defensoría del Pueblo considera la persistencia de estas brechas como una señal clara de la falta de aplicación de un enfoque diferencial, que atienda las situaciones particulares de los grupos más vulnerables.
Llamado a una reforma estructural
Durante el panel de la Filbo, en el que participaron expertos en derecho, salud pública y derechos humanos, la coincidencia fue total respecto a la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud.
El objetivo: garantizar el acceso efectivo, reducir la judicialización y mejorar la respuesta ante las necesidades de la población. La defensora Marín subrayó: “La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención”.
El llamado de la Defensoría del Pueblo también se fundamenta en datos recogidos por la Corte Constitucional, que muestran que miles de colombianos agotan todos los recursos burocráticos antes de recurrir a la tutela. Solo así logran acceder a medicamentos, citas con especialistas o tratamientos.
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